Reacción parlamentaria ante embargos de la TGR
Tras una ola de denuncias en redes sociales donde trabajadores afectados acusaron que la Tesorería General de la República (TGR) dejó sus cuentas corrientes y de ahorro en cero, un grupo transversal de diputados anunció un proyecto de ley para frenar los cobros del CAE. La iniciativa busca asegurar la inembargabilidad de las remuneraciones establecida en el Código del Trabajo.
La propuesta es impulsada por parlamentarios del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Frente Amplio (FA) y Partido de la Gente (PDG). El objetivo central es evitar que los fondos de carácter salarial sean capturados por el fisco en el proceso de cobro de deudas educativas.
La postura de Hacienda y el Ejecutivo
En el marco de esta crisis, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que el Gobierno buscará «una solución distinta» en aquellos casos donde los deudores del CAE que ganan menos de $3,5 millones mensuales hayan sido sujetos de embargos. Hasta ahora, el Ejecutivo ha sostenido que la prioridad de cobro apunta a quienes tienen sueldos superiores a los 5 millones de pesos, seguidos por aquellos que perciben más de $3,5 millones al mes.
Detalles del proyecto de ley
El texto de la moción parlamentaria advierte que la ejecución de embargos por deudas del CAE «afecta la liquidez inmediata de hogares cuyos ingresos mensuales no guardan proporción con los recargos e intereses acumulados por sus créditos». Según los legisladores, la recaudación fiscal rápida no puede pasar por encima del impacto social, calificando al CAE como un sistema de educación superior de lógica mercantil que ha fallado en sus promesas.
Para blindar el dinero de los trabajadores, el proyecto propone modificar el artículo 57 del DFL 1 del Código del Trabajo, añadiendo un inciso final que especifique:
«La inembargabilidad de las remuneraciones definidas en el artículo 41 subsistirá íntegramente y conservará su naturaleza jurídica de tal para todos los efectos legales, sin que dichos fondos puedan ser considerados activos o saldos sujetos a compensación, aun cuando sean depositados o transferidos en la cuenta bancaria, vista o de ahorro que el trabajador informe a su empleador».
Finalmente, la iniciativa detalla que esta protección será oponible a cualquier acreedor. Para validar el origen de los recursos, bastará presentar el comprobante de pago o la glosa de la transferencia bancaria del empleador, siendo la institución depositaria la responsable de verificar dicha condición.
