Esta semana se define el futuro del proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda, el cual busca un aumento de la deuda pública de US$6.200 millones para este año. La propuesta ha encendido las alarmas de diversos especialistas, quienes observan con preocupación el deterioro sostenido de las finanzas estatales.
Mientras el oficialismo defiende su postura atribuyendo la situación a la herencia recibida de la administración anterior, desde la oposición ya exigen medidas concretas. Se espera que la ex directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, sea citada al Congreso para aclarar las sobreestimaciones de cifras detectadas durante la elaboración del Presupuesto 2026.
La advertencia técnica del Consejo Fiscal Autónomo
El debate también suma el análisis técnico del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que ha sido convocado a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. En su reciente Cuenta Pública, la presidenta del órgano, Paula Benavides, enfatizó la urgencia de mantener la deuda pública bajo el umbral del 45% del PIB.
El menor dinamismo del crecimiento en los últimos años, junto con los incumplimientos de la regla de balance estructural, han situado al país en una posición más compleja dentro del grupo de economías comparables.
Sobre este punto, Emilio Venegas, Socio Líder de Advisory de BDO Chile, advirtió sobre los peligros de superar los niveles prudentes de endeudamiento. Según el experto, en momentos de estrechez económica, un mayor apalancamiento estatal ralentiza el crecimiento y limita la capacidad de respuesta ante emergencias.
Venegas añadió un ejemplo práctico sobre los riesgos país: “Entre más alto es un porcentaje de endeudamiento, más alto es el nivel de riesgo de un país. Por ejemplo, si viniese otro Covid, no tendríamos mucho más espacio para emitir más deuda”.
Negociaciones políticas y rechazo gremial
En el ámbito legislativo, el Partido Nacional Libertario (PNL) confirmó que, aunque inicialmente se oponían, “estarán los votos” para aprobar la iniciativa. Esto fue posible tras un acuerdo con el ministro Jorge Quiroz, que contempla, entre otros puntos, que los futuros reajustes del sector público no superen el IPC.
La medida ha generado una fuerte controversia. Gabriela Farías, vicepresidenta nacional de la CUT y encargada de las secretarías del sector público, rechazó tajantemente el pacto. La dirigente sostuvo que los trabajadores estatales no representan un simple gasto que deba ajustarse según conveniencias políticas de corto plazo.
El proyecto ahora enfrenta un camino legislativo decisivo donde se pondrá a prueba la viabilidad de las finanzas públicas frente a las promesas de gasto, en un contexto donde el espacio fiscal se reduce cada vez más ante la mirada vigilante de los mercados y los organismos técnicos.
