El diputado Daniel Lilayú (UDI) presentó un oficio formal ante el Ministerio de Justicia para transparentar las irregularidades en la emisión de cédulas de identidad por parte del Registro Civil. El parlamentario busca esclarecer cómo se entregaron documentos que acreditaban una residencia definitiva a migrantes que, en la práctica, solo mantenían el estatus de residencia temporal.
Según los antecedentes recabados, la falla administrativa se prolongó durante más de seis meses, afectando el proceso entre 2024 y 2025. Para el legislador, este error no solo vulnera la seguridad administrativa del Estado, sino que pone en riesgo el control migratorio y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Exigencia de transparencia y responsabilidades
El Registro Civil ha justificado el inconveniente atribuyéndolo a problemas derivados de la implementación de un nuevo software, asegurando que las cédulas erróneas ya han sido bloqueadas. Sin embargo, Lilayú cuestiona la falta de supervisión y la extensión temporal del error:
«No basta con señalar que hubo una falla informática. Es fundamental establecer cuándo se detectó el problema, quiénes estaban al tanto, qué controles fallaron y por qué el error permaneció activo durante tanto tiempo sin ser corregido».
El diputado enfatizó que los chilenos tienen derecho a conocer el alcance real de esta situación, el número exacto de beneficiados y los motivos por los cuales los mecanismos de control fallaron en detectar la irregularidad de forma oportuna.
Investigación sobre beneficios y uso de documentos
El oficio enviado al Ministerio de Justicia solicita una auditoría profunda sobre varios puntos críticos:
- El número exacto de documentos emitidos de forma errónea y las regiones donde ocurrieron.
- La coordinación entre el Registro Civil y el Servicio Nacional de Migraciones para validar las solicitudes.
- El estado actual de los sumarios administrativos y las posibles sanciones a funcionarios involucrados.
- El impacto del uso de estas cédulas en trámites bancarios, previsionales, de salud o el acceso indebido a beneficios estatales.
Lilayú advirtió que es necesario determinar si existió algún perjuicio económico o administrativo para el Estado. La incertidumbre sobre si estas personas lograron acceder a beneficios públicos mediante estos documentos falsamente validados sigue siendo una de las mayores preocupaciones del parlamentario.
Actualmente, el diputado continúa monitoreando la respuesta de las autoridades y las medidas correctivas que el Gobierno implementará. No se descarta que, tras obtener los resultados de esta fiscalización, se impulsen nuevas acciones dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados para asegurar que este tipo de fallas no vuelvan a comprometer la seguridad migratoria nacional.
