Acusación constitucional contra Nicolás Grau: los argumentos en detalle

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El origen de la arremetida contra el exministro

Este lunes, a las 15:30 horas, un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano ingresará formalmente ante la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA). Esta acción legal surge tras la denuncia realizada por su sucesor, Jorge Quiroz, quien advirtió sobre supuestas inconsistencias técnicas detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

El documento argumenta que esta situación no debe entenderse como una simple divergencia técnica o de mérito político, sino como una infracción objetiva al deber constitucional que recaía sobre el extitular de cartera. El texto subraya que, dado que la Dirección de Presupuestos depende directamente de Hacienda, el responsable político último de cualquier acto administrativo emanado desde esa repartición es el ministro en ejercicio.

Los cuatro capítulos del libelo

La acusación se estructura en torno a cuatro puntos críticos que cuestionan la gestión de las cifras estatales:

  • Infracción al principio de probidad: El libelo sostiene que la transparencia y consistencia en las estadísticas fiscales son indispensables para el control democrático, la fiscalización ciudadana y la credibilidad del Estado ante los mercados y agentes económicos.
  • Vulneración del deber de coordinación financiera: El IFP del cuarto trimestre de 2025 presentó dos trayectorias aritméticamente incompatibles. Mientras el balance fiscal profundizaba el déficit en $13,5 billones para el periodo 2026-2030, la trayectoria de deuda bruta solo contemplaba $3,9 billones. Esto deja una diferencia no reflejada de $9.559.289 millones, equivalentes a unos US$ 10.500 millones o el 2,9% del PIB.
  • Vulneración del principio de universalidad presupuestaria: Se acusa que el IFP contenía proyecciones de gasto incompletas al omitir presiones financieras derivadas de compromisos vigentes, como el reajuste del sector público, el incremento en la cotización previsional y gastos en intereses, los cuales solo fueron financiados parcialmente en la Ley de Presupuestos 2026.
  • Falta de coordinación en el programa financiero: El texto indica que el componente de balance y el de deuda no estaban alineados entre sí ni con el presupuesto anual, evidenciando una gestión deficiente de los recursos de mediano plazo.

Cabe destacar que esta iniciativa, que ha sido fuertemente criticada por cuatro exministros de Hacienda de centroizquierda, se encuentra a la espera de definiciones políticas en la Cámara, incluyendo la incertidumbre sobre si Chile Vamos se sumará en bloque a la presentación.

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