La Corte Suprema confirmó la condena contra un falso abogado y un cómplice, quienes articularon un fallido plan para estafar a la Corporación Educación Domingo Parra en Concepción. Los sujetos intentaron apropiarse de millonarias subvenciones estatales mediante la falsificación de documentos y la simulación de una representación legal que ya había sido revocada por el sostenedor.
¿Cómo operaba el falso abogado en Concepción?
Según detalló Remberto Valdés, abogado de la entidad afectada, Rodrigo Amilcar se presentó como abogado al momento de ser contratado. Tras ser descubierto y despedido, el individuo se alió con el contador Moisés Fernández para ejecutar un fraude que buscaba desviar fondos destinados a la educación.
El modus operandi de los dos encausados fue falsificar actas de la dirección de la corporación educacional con la finalidad de recurrir a los sectores bancarios y también a las Seremías y la Superintendencia de Educación para hacerse con las subvenciones escolares y dejar de pagar los compromisos que tenían para con los educadores de las corporaciones educacionales.
El esquema buscaba apoderarse de subvenciones estatales valoradas en más de $320 millones. Esta maniobra delictiva tuvo un impacto directo en la comunidad educativa, ya que provocó el bloqueo temporal de recursos esenciales para el pago de remuneraciones de cerca de 280 trabajadores.
Sentencia firme: el fallo de la Corte Suprema
El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción logró acreditar tanto el ejercicio ilegal de la profesión como el uso malicioso de instrumentos privados. Las penas impuestas a Amilcar y Fernández oscilan entre los 21 y 540 días de cárcel, fallo que fue ratificado recientemente por la máxima instancia judicial del país.
Sobre el desenlace del proceso, el abogado querellante Remberto Valdés calificó el resultado como «extraordinariamente contundente», destacando la unanimidad de los fallos judiciales. «Ambos encausados fueron coautores de ilícitos en contra de una corporación educacional, aprovechándose y mintiendo respecto de su calidad de abogado, en principio, aprovechándose de una confianza ganada e intentando defraudar en centenares de millones de pesos a niños y personas que son vulnerables», enfatizó.
Con esta resolución judicial, el caso queda cerrado en sus instancias superiores, marcando un precedente sobre la severidad con la que se juzgan los intentos de fraude contra instituciones dedicadas a la educación en la región del Biobío.
