Defensa niega acusaciones contra Francisco Salvador
La defensa de Francisco Salvador, quien fuera sacerdote de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía en Chile, ha salido al paso tras su reciente expulsión. El abogado Simón Parada, quien representa al religioso en este proceso, asegura que las denuncias por abusos corresponden a un «montaje» y argumenta que las denunciantes mantendrían conflictos internos previos dentro de la comunidad religiosa.
El religioso perdió oficialmente su estado clerical el pasado 22 de mayo, marcando la sanción más severa que contempla la Iglesia Ortodoxa. Esta decisión se tomó tras una investigación interna que culminó con la formulación de siete cargos graves en contra de Salvador, los cuales desencadenaron su salida inmediata de la institución.
Detalles de la investigación eclesiástica
Los cargos que enfrentó el exsacerdote incluyen una serie de conductas denunciadas como inaceptables, entre las que figuran:
- Relaciones adúlteras.
- Insinuaciones sexuales reiteradas.
- Conductas obsesivas.
- Apremios físicos contra mujeres de la comunidad.
- Violación del secreto de confesión.
- Utilización indebida de fondos parroquiales.
Según declaraciones recogidas por Reportajes T13, la defensa insiste en que un peritaje habría concluido que las acusaciones no tienen sustento real. Como parte de su estrategia, el exsacerdote ha informado que un obispo extranjero viajará a Chile para revisar los antecedentes del caso y asegurar un proceso imparcial. Además, Salvador planea solicitar autorización para entregar declaraciones públicas una vez que esta autoridad concluya su revisión.
Estado actual de la sanción y vía legal
En este momento, Francisco Salvador mantiene una apelación activa ante las autoridades eclesiásticas para revertir la medida que le prohíbe ejercer funciones sacerdotales y acercarse a la parroquia Santísima Virgen María por un periodo de diez años. Sin embargo, el caso trasciende lo administrativo.
La propia Iglesia Ortodoxa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Género Oriente por los presuntos hechos. Cabe recordar que, bajo la legislación nacional vigente, el procedimiento legal para delitos sexuales contra mujeres adultas exige que sean las propias víctimas quienes presenten la denuncia directamente ante las policías o el Ministerio Público, lo que añade una capa de complejidad al futuro judicial del caso.
