El Ministerio Público solicitó formalmente una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Temuco para reformalizar a uno de los dos imputados por el crimen de Joaquín Garrido Sáez, estudiante de 18 años que perdió la vida en el Hospital Regional en marzo pasado. El joven falleció tras sufrir una brutal golpiza y ser atropellado a la salida de un recinto nocturno en la capital de La Araucanía, un hecho que conmocionó al país debido a que el ataque quedó registrado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.
Detalles de la reformalización y el caso
La investigación busca precisar la responsabilidad de los involucrados. Según los antecedentes, en el registro audiovisual se observa cómo Joaquín Garrido es atropellado por un vehículo durante una riña y, encontrándose indefenso en el suelo, recibe una violenta patada en la cabeza por parte de otro de los implicados. La fiscal a cargo, Claudia Turra, explicó la estrategia judicial:
Vamos a reformalizar la investigación, en especial respecto del imputado que causó el atropello de la víctima por un delito de mayor gravedad que, en relación al delito por el cual actualmente se encuentra formalizado, recordemos que actualmente se encuentra en prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía requiere reformalizar para precisar estos hechos.
Cambios en las medidas cautelares
El proceso ha sufrido cambios importantes tras revelarse el informe de autopsia. El Tribunal de Garantía de Temuco acogió una solicitud de la defensa de uno de los detenidos, reemplazando la prisión preventiva por una medida cautelar alternativa. Este cambio se fundamentó en los resultados del peritaje médico-legal, que determinó que fue el atropello, y no la patada, lo que causó el deceso.
Sobre este punto, el abogado querellante, Dionisio Ulloa Berrocal, señaló:
La defensa y el Ministerio Público dieron a conocer el informe de autopsia que concluye que esa patada no tuvo incidencia en la muerte de la víctima.
Pese a la modificación en la cautelar, la parte querellante respalda la decisión de la Fiscalía, argumentando que existen suficientes elementos para configurar el delito de homicidio calificado. El caso continúa avanzando en los tribunales locales mientras se espera la audiencia de reformalización.
