El municipio de Máfil, ubicado en la Región de Los Ríos, atraviesa una crítica situación financiera debido a una serie de problemas heredados de gestiones anteriores. La Superintendencia de Educación impuso recientemente una multa de 510 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a cerca de 37 millones de pesos, tras detectar que no se rindieron debidamente 350 millones de pesos correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
¿Por qué se origina esta sanción administrativa? El conflicto se remonta a septiembre del año pasado, cuando el organismo fiscalizador inició un procedimiento al no recibir información sobre aportes estatales entregados durante el año 2024, periodo en el cual el municipio aún actuaba como sostenedor de la educación antes de la transición al SLEP. La infracción fue catalogada como grave por la autoridad competente.
Consecuencias financieras y acciones legales
El alcalde Andrés Lara confirmó la gravedad de la sanción y anunció que el municipio presentará una apelación formal ante la resolución. El objetivo principal de la administración actual es lograr una rebaja significativa en el monto de la multa o, en el mejor de los escenarios posibles, conseguir que la sanción quede sin efecto total.
Además del problema con la Subvención Escolar Preferencial, la administración municipal enfrenta otra arista financiera compleja: un faltante de 220 millones de pesos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Según los antecedentes, estos recursos no habrían sido utilizados para los fines pedagógicos estipulados, sino destinados a otras áreas.
El impacto de las gestiones anteriores
Al respecto, el alcalde Andrés Lara manifestó su profunda molestia frente al escenario heredado, asegurando que existen diversas irregularidades detectadas en el departamento de Educación durante las administraciones previas. Actualmente, el municipio enfrenta tres demandas judiciales relacionadas con estos problemas contables.
El jefe comunal advirtió que los recursos proyectados para sus cuatro años de gestión se verán comprometidos, ya que deberán ser destinados obligatoriamente al pago de estas deudas pendientes y a cubrir las sanciones económicas impuestas por los organismos fiscalizadores.
El estado actual del municipio es de alta incertidumbre económica mientras se espera la resolución de los recursos de apelación. La gran interrogante para los vecinos es cómo afectará este déficit presupuestario a los servicios locales durante los próximos meses de administración.
