El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió a respaldar públicamente al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, luego de que el secretario de Estado abriera la puerta a la posibilidad de conceder indultos incluso en casos de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o abuso de menores.
La controversia surgió tras una entrevista en CNN Chile, donde se consultó al ministro sobre si era posible indultar a quienes cometieron delitos de alta gravedad. La respuesta del titular de Justicia fue que la decisión final “va a depender de las circunstancias del caso”.
La postura sobre indultos a violadores de niños y DD.HH.
Al ser presionado específicamente por la viabilidad de otorgar este beneficio a violadores de menores de edad, Fernando Rabat mantuvo su postura técnica, señalando que, aunque se trata de “un delito muy grave”, el proceso exige una evaluación integral de los antecedentes.
“(…) Per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente”
Ante las críticas que generaron estas declaraciones, el subsecretario Máximo Pavez salió en defensa de su par. Pavez argumentó que la autoridad no puede emitir juicios de valor antes de conocer los antecedentes legales de cada solicitud formal que ingresa al ministerio.
¿Qué establece la ley sobre los indultos?
Para el Ejecutivo, el procedimiento es claro y no admite juicios anticipados. Según el subsecretario, la normativa vigente obliga a la autoridad competente a revisar cada una de las peticiones que llegan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para aplicar la ley.
“La ley obliga a revisar caso a caso todas las peticiones que en derecho correspondan y, por lo tanto, no corresponde hacer un pronunciamiento ex ante”, enfatizó Pavez. El subsecretario insistió en que el titular de Justicia se limitó a señalar que el proceso administrativo exige una respuesta fundada tras el análisis técnico de cada expediente.
Por ahora, la postura del Gobierno sigue firme en la idea de que resolver las solicitudes en su mérito es la única vía legal posible. Queda por ver cómo evolucionarán estas peticiones y si el Ejecutivo mantendrá este criterio técnico ante la presión pública que generan casos de alta connotación social.
