El golpe a Becas Chile
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encendió las alarmas en el Congreso al revelar que el Gobierno está ejecutando nuevos cruces de datos para detectar irregularidades en beneficios estatales. Durante su presentación en la Comisión de Hacienda del Senado, donde abordaba el proyecto de reactivación económica, apuntó directamente al programa Becas Chile.
Según estimaciones del titular de Hacienda, la deuda acumulada por becarios que no han cumplido con sus obligaciones de retorno y retribución al país alcanzaría los US$150 millones. El programa financia estudios de posgrado en el extranjero y exige formalmente que el beneficiario regrese para aportar lo aprendido; de no cumplirse, el Estado tiene la facultad de exigir la restitución de los recursos entregados.
La ofensiva contra el «fraude social»
La intervención de Quiroz ocurre en medio de una estrategia gubernamental contra lo que ha calificado como «fraude social». El ministro comparó esta situación con los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), reiterando que el cobro de estos beneficios es una pieza clave para ordenar las cuentas fiscales, fomentar la inversión y financiar nuevas políticas sociales durante la tramitación del proyecto de reactivación.
Durante la misma sesión, el ministro abordó otros temas de actualidad, incluyendo la polémica por los gritos contra el alcalde Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes, donde el edil Toledo admitió haber quedado con una sensación amarga tras el episodio.
Cambios en el secreto bancario
En un movimiento inesperado, el jefe de las arcas fiscales también se refirió a una posible iniciativa sobre el secreto bancario. Este debate ha cobrado fuerza tras el caso que involucró al Banco Santander y una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, además de la tramitación paralela del proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica.
«He iniciado un trabajo, que lo partimos hace poco, y van a ir conociendo detalles más adelante», señaló Quiroz ante los senadores. El ministro precisó que su cartera prepara una propuesta técnica, la cual debe ser consensuada con otros ministerios, aunque enfatizó que cualquier modificación mantendrá la exigencia de autorización judicial para levantar el secreto de las cuentas.
