Denuncia formal contra Germán Naranjo Maldini
El ingeniero chileno Germán Naranjo Maldini, de 51 años, se encuentra en una compleja situación judicial tras la formalización de una denuncia presentada por la fiscalía federal de Brasil. El profesional permanece recluido en la cárcel de Guarulhos, en las cercanías de Sao Paulo, desde su detención el pasado mes de mayo.
El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido en un vuelo que se dirigía desde Sao Paulo hacia Frankfurt, Alemania. Según los antecedentes, Naranjo Maldini habría proferido insultos de carácter racista y homofóbico contra un tripulante de cabina, lo que derivó en la intervención de las autoridades aeronáuticas y policiales.
Detalles de la imputación y nuevos incidentes
La fiscalía brasileña imputó al ciudadano chileno por cinco delitos distintos, destacando entre ellos la acusación de poner en peligro la seguridad de una aeronave. Según la denuncia publicada este miércoles, durante la madrugada del 11 de mayo, mientras el avión sobrevolaba la zona de Fortaleza, el acusado habría intentado forzar la apertura de una salida de emergencia.
Además de estos hechos, el Ministerio Público brasileño reveló nuevos antecedentes. El 15 de mayo, tras regresar a Brasil, el ingeniero se dirigió a una sala VIP de la misma aerolínea en el aeropuerto. En ese lugar, habría proferido nuevos insultos racistas, esta vez dirigidos específicamente al personal de limpieza que prestaba servicios en el recinto.
La postura de la defensa y consecuencias laborales
Tras la detención y el inicio de este proceso judicial, el ingeniero fue desvinculado de su puesto como gerente comercial en la pesquera Landes. Por su parte, la defensa de Naranjo Maldini emitió una declaración por escrito durante este jueves rechazando tajantemente las imputaciones presentadas por el ente persecutor.
La denuncia, que incluso incluye un error relacionado con el incidente, la puerta del avión, presenta una acusación absurdamente exagerada, que se desvía de la realidad comprobada.
La defensa califica las acusaciones como desproporcionadas, buscando refutar la gravedad de los cinco delitos imputados que podrían costar al chileno una pena de presidio de hasta 14 años.
