Una intensa controversia generó la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) tras informar que las casas de apuestas extranjeras que operan en Chile deberán pagar IVA, pese a que diversos fallos judiciales han determinado la ilegalidad de su funcionamiento en el país. Bajo el argumento de «fortalecer la equidad tributaria», el organismo busca asegurar que estos actores cumplan con sus obligaciones fiscales, desatando el rechazo inmediato de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, quienes ven en esta medida una «regularización encubierta».
La resolución detrás del cobro de IVA
El mecanismo quedó establecido en la Resolución Exenta N° 69, con fecha del 02 de junio, la cual dicta las normas para que las plataformas de «servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y de servicios análogos o conexos, prestados de manera remota» tributen en Chile. El texto indica que los operadores sin domicilio ni residencia en el país que hayan prestado servicios en los últimos treinta y seis periodos tributarios, deberán pagar el impuesto correspondiente sobre el monto total de sus remuneraciones.
El SII sustenta su decisión en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (LIVS), la cual grava el «contenido de entretenimiento digital». Según el organismo, este concepto incluye los ingresos por apuestas online. La normativa establece que los contribuyentes no domiciliados en Chile que operen en el país deberán adherirse a un régimen de «tributación simplificada», permitiendo al Servicio utilizar herramientas tecnológicas para fiscalizar el cumplimiento, sin importar dónde se aloje la información de los usuarios.
El choque entre legalidad y recaudación
Uno de los puntos más críticos de la resolución es el reconocimiento explícito de que el SII no tiene competencia para calificar la licitud de una actividad, sino que su deber es «velar por la correcta aplicación de la ley tributaria». Aunque citan oficios de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) que informan sobre la naturaleza ilícita de estos servicios, el SII insiste en que están «obligados a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias» mediante mecanismos de declaración y pago.
Pagar impuestos no transforma una actividad ilegal en legal. Sin embargo, la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria, sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile.
La Asociación Chilena de Casinos y Juegos advirtió que esta medida confunde al mercado, especialmente cuando la Corte Suprema ya ha ordenado a organismos como la Subtel bloquear estos sitios. Actualmente, la incertidumbre persiste mientras el Gobierno reduce la urgencia legislativa para normar esta industria. La gran interrogante que queda abierta es si este sistema de tributación facilitará a futuro una regulación completa o si profundizará la brecha de protección entre los usuarios y los operadores sin sede en el territorio nacional.
