El caos planificado en Ñuñoa
El pasado 22 de enero, una sucursal de BancoEstado en Ñuñoa fue escenario de un sofisticado intento de estafa que combinó el teatro con la delincuencia. La banda utilizó una falsa emergencia médica y la amenaza de una supuesta bomba para generar pánico y distraer a los trabajadores, logrando que un cheque por $777 millones fuera ingresado fraudulentamente al sistema bancario.
Según la investigación, mientras una mujer simulaba desmayarse en el recinto, otro cómplice dejaba una mochila para simular un artefacto explosivo. En medio de este escenario de caos, dos sujetos se acercaron a las cajas para ejecutar la maniobra delictiva, depositando cheques previamente sustraídos y con firmas adulteradas en la cuenta corriente de la empresa Crea Impresión SpA.
La justificación de la cajera
Valentina Gallardo, la funcionaria que procesó la operación, entregó su versión ante las autoridades. Al ser consultada sobre por qué ingresó el documento como efectivo, la mujer argumentó que su actuar fue producto del estrés ambiental.
El hombre me pasó un cheque por un monto de $777 millones, no recuerdo bien si me pasó 3 o 4 cheques más, me dijo que primero depositara el cheque de los setecientos millones. Yo debido a los nervios que sentía en el momento, comencé a ingresar el monto. A todo esto la señora seguía tirada en el suelo, es por ello que solo digité los montos, en el sistema nuestro y en vez de depositarlo como documento, deposité el cheque de $777 millones en efectivo.
Gallardo admitió explícitamente no haber cumplido con los protocolos de seguridad necesarios para este tipo de depósitos. Ante la policía, confesó: «A su pregunta: No hice el protocolo que corresponde para depósitos de alto valor debido al nerviosismo que sentía durante el momento, nunca había pasado por una situación así».
Autorización y medidas judiciales
El fraude se consumó en parte debido a la aprobación de la jefatura, que también se encontraba bajo presión por la supuesta emergencia. Una encargada de la sucursal relató que autorizó la operación de forma remota, confiando en el contexto de crisis que se vivía en la oficina.
El sistema permitió que los fondos quedaran disponibles rápidamente, facilitando el movimiento de dinero hacia otras sucursales. Un imputado logró cobrar $45 millones en una oficina de Huechuraba, mientras que otra involucrada intentó retirar fondos y solicitar vales vista.
Actualmente, el caso mantiene formalizados a Nicolás Pailamilla, Catherine Rivas y la cajera Valentina Gallardo. Mientras los dos primeros permanecen en prisión preventiva, la funcionaria cumple arresto domiciliario nocturno. El Ministerio Público sigue tras la pista del resto de la banda y el destino final de los recursos sustraídos.
