Un complejo escenario legislativo
La tramitación del levantamiento del secreto bancario sufrió un duro revés este miércoles en el Senado. Tras intensos debates, la Cámara alta no alcanzó el quórum necesario para avanzar en esta materia, registrándose dos empates consecutivos en las votaciones, lo que obligó a postergar la resolución del tema para una próxima sesión.
Este debate cobró especial relevancia en las últimas horas, luego de que diversos sectores de la oposición insistieran en reabrir la discusión. El trasfondo de la urgencia es el reciente caso que involucra a un ejecutivo con presuntos vínculos con el Tren de Aragua, lo que ha presionado a las autoridades a tomar medidas sobre el control financiero.
Voces desde el Congreso
El senador Daniel Núñez (PC) cuestionó duramente el resultado y la falta de celeridad legislativa. «Siempre que discutimos levantar el secreto bancario nos dicen que a cualquier ciudadano o persona chilena les van a revisar sus cuentas. No es así. Me parece muy curioso que esta ley no tenga urgencia», enfatizó el parlamentario durante su intervención en la sede legislativa.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez utilizó su cuenta en la red social ‘X’ para detallar los pormenores de la votación. Según el legislador, el Presidente Kast, mediante el subsecretario de Hacienda, solicitó que las votaciones se realizaran por separado, estrategia que derivó en los empates consecutivos que bloquearon el avance de la norma.
El detalle de la propuesta
La normativa en cuestión establecía la autorización judicial como regla general, pero planteaba que, de manera administrativa, se podría levantar la reserva bancaria en casos específicos. Estos supuestos incluían operaciones sospechosas previamente reportadas, reportes directos de instituciones bancarias, o cuando estuvieran involucradas personalidades jurídicas o funcionarios públicos.
Ibáñez también precisó que el mecanismo contemplaba salvaguardas para proteger los derechos de las personas. «Para resguardar los derechos de los ciudadanos, el levantamiento administrativo estaría sujeto a una auditoría interna, responsabilidades penales para el funcionario de la UAF y un informe remitido a la Comisión de Seguridad del Congreso», explicó el senador, lamentando el resultado y cuestionando: «Si no le tememos a nada, ¿por qué rechazar?».
