La Corporación de Abogadas Feministas ha alzado la voz ante el avance de la investigación por una presunta violación grupal ocurrida en Concepción, región del Bío Bío. El caso, que involucra a una estudiante de la Universidad San Sebastián (USS), ha generado un debate sobre cómo se deben abordar las diligencias legales frente a relatos de agresiones sexuales.
La preocupación de la organización surge después de que tres de los cuatro imputados en la causa declararan voluntariamente ante la Policía de Investigaciones (PDI). Durante estas diligencias, se procedió a la toma de muestras de ADN mediante un hisopado bucal, mientras el abogado defensor, Juan Claudio Sandoval, aseguró que sus representados sostienen su inocencia, argumentando que el encuentro sexual fue totalmente consentido.
Claves para la investigación judicial
Ante las declaraciones de la defensa, Sindy Salazar, coordinadora de la Corporación de Abogadas Feministas, fue enfática al desestimar los prejuicios que suelen rodear este tipo de denuncias.
“El consentimiento no se presume por haber ido a una fiesta, por haber compartido con alguien o por haber reaccionado de una determinada manera. Hay que tener mucho cuidado con estos estereotipos porque no existe una forma correcta de reaccionar ante una agresión sexual”
La abogada recordó que el proyecto de ley Sin consentimiento es violación establece pautas claras para la justicia. Salazar subrayó que “la mera inacción o falta de resistencia de la víctima no constituye una manifestación de consentimiento”, un punto que consideran crucial para el correcto desarrollo del proceso judicial en curso.
Estado actual de la indagatoria
La presunta agresión tuvo lugar el pasado 5 de mayo, tras una fiesta mechona. La afectada presentó la denuncia formal al día siguiente y, ante lo que ella calificó como una lentitud en la respuesta del sistema, optó por visibilizar el caso meses más tarde mediante una “funa” en redes sociales.
Actualmente, la causa se mantiene desformalizada y bajo la instrucción de la Fiscalía, siendo la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI la unidad encargada de las diligencias. Por su parte, desde el Sernameg declinaron referirse a los detalles del caso debido a la reserva que mantiene la investigación. ¿Lograrán los peritajes de ADN y la perspectiva de género cambiar el rumbo de este complejo proceso judicial?
