Críticas transversales por dichos de Leandro Kunstmann
El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, se encuentra en el centro de una fuerte controversia política tras realizar un viaje al Caribe durante la reciente semana distrital. El parlamentario intentó justificar su ausencia argumentando que “cada uno tiene derecho a la vida privada” y sosteniendo que su labor legislativa se desarrolla de “lunes a miércoles”.
Además, Kunstmann generó molestia al señalar que cada representante deberá rendir cuentas “al momento de su muerte, a Dios, que es el que nos va a juzgar al final de nuestras vidas”. Estas declaraciones fueron rápidamente cuestionadas por diversos sectores, incluyendo a integrantes de su propio espectro político.
Rechazo desde la derecha y oposición
El senador Rodolfo Carter (independiente pro Partido Republicano) fue uno de los primeros en marcar distancia. Carter enfatizó que “a nosotros nos juzga el electorado. Dios está en la esfera privada de nuestras vidas, en nuestras oraciones, pero a nosotros nos paga un sueldo cada contribuyente”. El senador calificó la frase de Kunstmann como “muy poco feliz” y le sugirió actuar con “más humildad” y “prudencia” al cometer errores.
Desde la bancada de diputados republicanos, Benjamín Moreno, jefe del comité, admitió que los dichos de su colega “no fueron los correctos”, aunque precisó que conversó con él y que el parlamentario “asumió su error”. Moreno fue enfático al desmentir la premisa de Kunstmann: “Como parlamentarios no trabajamos solamente acá en el Congreso. Nos toca trabajar también muchos otros días de la semana en el distrito, en medios de comunicación y en la planificación de proyectos de ley”.
La postura del oficialismo y llamados a la ética
La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, se sumó a las críticas, aclarando que la labor parlamentaria no se reduce a tres días a la semana, sino que “todos trabajamos de lunes a lunes, 24/7”. Por su parte, el diputado del PPD, Raúl Soto, calificó la actitud de Kunstmann como “reprochable y repudiable”.
Soto fue más allá y solicitó una intervención institucional: “Esto requiere un pronunciamiento a nivel institucional de la Cámara de Diputadas y Diputados”. Asimismo, pidió la intervención de la Comisión de Ética y propuso una revisión de la normativa interna para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro, argumentando que este tipo de conductas denostan la función pública de los representantes de la ciudadanía.
