El 25.° Juzgado Civil de Santiago dictó una resolución clave en el marco de las causas por el estallido social: condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $100 millones a un hombre que sufrió un grave trauma ocular. La sentencia se enmarca en un juicio de hacienda por responsabilidad civil extracontractual tras los hechos ocurridos en octubre de 2019.
El demandante, quien originalmente buscaba una reparación de $380 millones, logró acreditar el daño moral sufrido tras perder la visión de su ojo derecho. Aunque el tribunal acogió parcialmente la demanda, desestimó otros requerimientos y determinó que no se condene en costas al Fisco, cerrando así un capítulo judicial de largo aliento.
Detalles del ataque y el fallo judicial
Según el fallo de primera instancia publicado por el Poder Judicial, el incidente ocurrió el 21 de octubre de 2019, en una franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 15:00 horas. El lugar de los hechos fue la Alameda, específicamente en las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), zona que era epicentro de manifestaciones.
En aquel momento, Carabineros de Chile realizaba un operativo de control de orden público utilizando carros lanzaaguas, lanzagases y escopetas antidisturbios. La víctima se encontraba en dicho sector cuando recibió el impacto directo de un perdigón en su ojo derecho, lo que le provocó daños irreversibles.
Los hechos asentados permiten al tribunal presumir fundadamente que la lesión del demandante (trauma ocular severo con estallido del globo ocular derecho) fue causada por un perdigón o munición antidisturbios, empleada por Carabineros de Chile.
Tras el impacto, el hombre fue trasladado inicialmente al Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central) y posteriormente derivado al Hospital del Salvador. Allí, el 22 de octubre, fue diagnosticado con un trauma ocular grave y sometido a una intervención quirúrgica oftalmológica para tratar el estallido del globo ocular.
Proyección de las reparaciones estatales
Este fallo se suma a la lista de sentencias donde el Poder Judicial establece la responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos durante la crisis social. Si bien esta resolución otorga una indemnización de $100 millones, el debate sobre la reparación integral a las víctimas de traumas oculares sigue vigente en los tribunales chilenos, dejando abierta la puerta a futuros procesos similares contra el Estado ante la falta de una solución administrativa global para todos los afectados.
