El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, fue sobreseído definitivamente por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en el marco del caso ProCultura. La resolución judicial marca el cierre de una indagatoria que se extendió por más de dos años, estableciendo además que el Ministerio Público deberá cubrir las costas de todo el proceso legal.
El fin de una investigación de dos años
La resolución llega tras meses de tensión judicial. Cabe recordar que en febrero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de forma unánime la solicitud de desafuero contra el gobernador. Ante este escenario, su equipo legal, liderado por el abogado Ciro Colombara, solicitó formalmente el término de la indagatoria que estaba siendo dirigida por la Fiscalía de Antofagasta.
Tras conocer el fallo, Claudio Orrego fue enfático en su declaración: «Se terminaron las mentiras y se ha impuesto la verdad. Lo dijimos desde el día uno: nosotros fuimos víctimas de un delito, no parte de él». El gobernador aprovechó la instancia para cuestionar el uso político del proceso judicial.
Críticas a la gestión de la Fiscalía
El gobernador lamentó que diversos actores decidieran «sacar provecho político de esto y ensuciar el nombre del Gobierno de Santiago y también el de este gobernador». Ante esto, sostuvo que sus esfuerzos se mantendrán centrados en la recuperación de la ciudad y en mantener un estándar de probidad y transparencia en el servicio público.
Por su parte, el abogado Ciro Colombara fue contundente respecto a la responsabilidad del ente persecutor. Según el jurista, el tribunal tomó una decisión inusual al condenar en costas de manera personal al fiscal regional Juan Castro Bekios. Según la defensa, esto se debe a una «grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho de la conducción de la investigación». Asimismo, el Ministerio Público fue sancionado institucionalmente por sus actuaciones consideradas «gravemente erróneas» durante todo el periodo que duró el caso.
