La trama de corrupción judicial en Los Ángeles, en la región del Bío Bío, sumó nuevos imputados tras la formalización de dos trabajadoras vinculadas al estudio jurídico de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero. Las mujeres, identificadas por el tribunal como C.A.C.U. (abogada) y P.A.J.G. (secretaria), quedaron sujetas a arraigo nacional, firma mensual y prohibición de contacto con el resto de los involucrados.
El mecanismo de acceso indebido a sistemas
La investigación apunta a que ambas imputadas habrían accedido de forma maliciosa al sistema SIGDP de la Defensoría Penal Pública. Según detalló el fiscal regional de Ñuble, Sergio Pérez Nova, existen antecedentes que acreditan al menos 50 ingresos al sistema informático utilizando las claves del exdefensor penal público Patricio Gutiérrez. Estas incursiones ocurrieron entre 2017 y marzo de 2025.
El objetivo del equipo era obtener información privilegiada para favorecer a clientes del estudio Cortés&Romero. Para ello, contaron con el apoyo de sus cónyuges, el exfiscal Rodrigo Durán Fuica y el propio Patricio Iván Gutiérrez Marinado, exdefensor penal jefe de Los Ángeles. La organización operaba incluso captando a funcionarios judiciales, como Nelson Sáez Reyes, encargado de actas del Juzgado de Garantía local, quien recibía beneficios económicos para direccionar causas hacia la magistrada Cherie Palomera Astroza.
La arista de Moisés Bastardo y la red de influencias
En la misma audiencia, se formalizó a Moisés Alejandro Bastardo Bastardo por el delito de tráfico de armas. El sujeto, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Santiago por otros ilícitos, vio ratificada su medida cautelar por la magistrada Claudia Aguilera. La red utilizó información reservada de la Fiscalía y la Defensoría para realizar maniobras que iban desde captar nuevos clientes hasta ejecutar planes de delación.
Un ejemplo de esto ocurrió en 2022, cuando, sabiendo que Bastardo Bastardo enviaría armas a un tercero, las imputadas gestionaron ante fiscales una denuncia contra el receptor para intentar obtener una minorante de responsabilidad que finalmente no prosperó. Tras la audiencia, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y las defensas manifestaron conformidad con las cautelares decretadas.
Actualmente, el caso continúa bajo un estrecho escrutinio judicial mientras se profundizan las indagatorias sobre la manipulación de la agenda de audiencias y la red de contactos en el Poder Judicial. ¿Cuántas otras causas habrían sido alteradas por este grupo en la región del Bío Bío?
