La jueza de Garantía de Temuco, Marcia Castillo, dio luz verde a una cuarta querella por el delito de prevaricación imprudente en contra del ministro de la Corte de Apelaciones local, Álvaro Mesa Latorre. El magistrado se encuentra actualmente a cargo de la tramitación de diversas causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos registradas en el sur del país.
La noticia fue confirmada por la abogada querellante Carla Fernández, quien valoró positivamente el trabajo que está llevando a cabo la Fiscalía Regional de Los Ríos en torno a este caso. La profesional sostiene que existe un patrón de conducta reiterado por parte del ministro y busca que estas acciones judiciales deriven en una formalización concreta por parte del Ministerio Público.
Detalles y motivaciones de la acción judicial
La querella fue presentada en representación del coronel de Ejército en retiro, Alejo César Tisi Gómez. Este exmilitar fue sentenciado originalmente a 19 años de prisión por el propio ministro Mesa, al ser hallado culpable de los homicidios de un joven de 14 años y de Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, de 22 años, sucesos ocurridos en el Regimiento Húsares de Angol en octubre de 1973.
Tras una revisión por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco, la pena inicial fue reducida a 15 años y 1 día de cárcel. Actualmente, existe un recurso de casación pendiente de resolución ante la Corte Suprema, lo que mantiene el caso en una etapa de alta tensión judicial.
Esta causa está siendo investigada por el delito de prevaricación imprudente y también prevaricación administrativa. Esta cuarta querella demuestra un patrón de conducta del ministro Álvaro Mesa que esperamos que con la investigación del ente persecutor podamos formalizar, ya que el ministro está solicitando su audiencia de sobreseimiento definitivo, sin permitir que la Fiscalía haga su pega.
El ministro Álvaro Mesa Latorre cuenta con la representación legal del defensor penal público regional, Humberto Serri. Mientras la defensa busca el sobreseimiento definitivo de la causa, la querellante insiste en que las diligencias investigativas deben profundizarse. El futuro de esta investigación dependerá de cómo avance la causa ante el Juzgado de Garantía y si se logran establecer las responsabilidades administrativas y penales denunciadas.
