El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ha puesto sobre la mesa una cifra alarmante que refleja una crisis en la edificación habitacional: el Estado ha debido desembolsar 60 mil millones de pesos en los últimos seis años para reparar viviendas con fallas estructurales graves. Esta inversión de 1,5 millones de UF, equivalente a unos 10 mil millones de pesos anuales, corresponde a reparaciones de viviendas nuevas que presentaron problemas evitables, muchas de ellas entregadas mediante asignaciones directas.
Crisis de construcción y desfalcos al fisco
El secretario de Estado advierte que esta situación no distingue gobiernos, pero que el modelo actual es insostenible. Actualmente, existen requerimientos adicionales por otro millón de UF, es decir, 30 mil millones de pesos extras. Ante esto, Poduje ha sido tajante con las empresas: «Paremos la moto acá, vamos a hacer un índice». La problemática se agrava porque las garantías de ley, que cubren filtraciones por cinco años, caducan justo cuando comienzan los fallos masivos en cañerías y estructuras.
En el caso de Viña del Mar, el Ministerio ha tomado medidas drásticas. Tras detectar viviendas construidas sin resistencia al fuego, con materiales no certificados y modificaciones no autorizadas en los proyectos originales, se paralizaron obras y se presentaron querellas por fraude y estafa al fisco. Además, se han iniciado sumarios contra 10 funcionarios del Serviu por falta de fiscalización. En el sector de Lomas La Torre, cinco viviendas fueron paralizadas tras confirmarse problemas similares a los encontrados en El Olivar.
El estado de la reconstrucción
A tres meses de asumir, el ministro reconoce un despliegue intenso en terreno. En Valparaíso, la reconstrucción ha sido compleja debido a la alta rotación de jefaturas en el Serviu y el estado desordenado de la gestión anterior. «Nos ha costado un poco más ordenarla. He tenido que ir prácticamente cada dos semanas o a veces cada semana para apuntalar a los equipos», señaló. Actualmente, el número de familias inhábiles —aquellas con más de una vivienda— se ha reducido de 400 a aproximadamente 80, con la meta de llegar a cero.
- Biobío y Ñuble: La reconstrucción avanza según el cronograma, con la mitad de las familias ya con subsidio en mano y 300 viviendas en proceso de edificación de las casi 4.000 destruidas.
- Tapusa: La empresa abandonó 13 regiones, dejando a 300 trabajadores cesantes. El Ministerio actuó como deudor solidario, reteniendo boletas de garantía para asegurar el pago de sueldos tras gestiones con el ministro del Trabajo, Nicolás Rau.
Sobre los plazos, el ministro mantiene diciembre como fecha objetivo, aunque admite que en Viña del Mar el cronograma sufrió atrasos por el caso San Sebastián. La prioridad del gobierno sigue siendo el acompañamiento en terreno, pese a que esto expone a las autoridades a situaciones críticas. El próximo paso de la cartera es profundizar la reforma en los Serviu para evitar que las deficiencias constructivas sigan siendo financiadas por todos los contribuyentes.
