Una compleja red transnacional dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual fue desarticulada en Puerto Montt por la Policía de Investigaciones (PDI). Este operativo marca la segunda vez en cuatro años que las autoridades logran desbaratar una organización de este tipo en la zona, la cual contaba con integrantes de nacionalidad paraguaya, venezolana, argentina y chilena.
La banda operaba bajo un esquema de carácter nacional, manteniendo inmuebles en Valparaíso, Santiago, Puerto Montt y Castro. En estos domicilios particulares, las víctimas, principalmente de origen paraguayo, eran forzadas a ejercer la prostitución de manera clandestina y bajo constantes presiones.
El sistema de castigos y multas
Durante la exposición de pruebas realizada en la PDI de Puerto Montt, se reveló el nivel de control ejercido por los delincuentes. Las mujeres sufrían la retención de sus ganancias y el cobro sistemático de multas detalladas en un listado interno. Por ejemplo, se aplicaban sanciones de 5 mil pesos por dañar o perder las llaves de los inmuebles, y multas de 10 mil pesos por tomar alimentos sin autorización.
La Fiscal regional, Carmen Wittwer, señaló: “Claramente fueron vulnerados todos sus derechos al ser víctimas de trata de personas. Estaban en condiciones bastante deplorables, teniendo presente su dignidad, su calidad de mujeres”.
La autoridad regional enfatizó que el modus operandi incluía la retención de documentos personales y amenazas constantes para doblegar la voluntad de las afectadas, quienes fueron engañadas bajo promesas de desarrollo personal y mejores condiciones de vida para sus familias al emigrar a Chile.
Origen de la investigación y estado legal
El jefe de la Brigada Investigadores de Robos de la PDI, Sergio Castro, explicó que el hilo conductor de la investigación surgió tras agrupar diversas denuncias por robos vinculadas a personas extranjeras. “En este proceso se establece que se abren ciertas sucursales, tanto en la región de Valparaíso y la región de Los Lagos, determinando mediante múltiples técnicas de investigación que un grupo, tratándose de una estructura transnacional, captaba mujeres principalmente en Paraguay”, detalló el oficial.
Respecto a la situación judicial de los 10 imputados, los líderes de la organización fueron enviados a prisión preventiva, mientras que los otros integrantes permanecen con medidas cautelares de menor intensidad. Según información entregada a La Radio, cinco de las víctimas permanecen en territorio nacional, mientras que otras afectadas ya han retornado a sus países de origen tras colaborar con sus declaraciones ante la justicia.
El caso sigue bajo investigación para determinar si existen más ramificaciones de esta red en otras regiones del país, subrayando el desafío constante que enfrentan las policías para desarticular estructuras criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad migratoria.
