La reciente iniciativa del presidente José Antonio Kast para instaurar un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades ha desatado un fuerte debate político. Tras su primera Cuenta Pública este lunes, el mandatario busca castigar con la pérdida de beneficios sociales a quienes ejecuten actos de vandalismo, una medida que el diputado Daniel Manouchehri (PS) cuestionó duramente, proponiendo en cambio ampliar el foco hacia los delincuentes “de cuello y corbata”.
¿Qué busca la propuesta del diputado socialista?
El parlamentario socialista argumentó que la persecución estatal debe ser integral y no enfocarse únicamente en infracciones menores. Manouchehri señaló que su intención es registrar a quienes incurren en delitos financieros y corrupción, asegurando:
“Para que los vándalos que se coluden no lleguen a ser ministros. Para que aquellos que hacen actos de corrupción no vuelvan a ser parte de la política. Para que aquellos que eluden los impuestos y tienen paraísos fiscales no lleguen a mandar en este país”
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Críticas a la estrategia gubernamental
Para el diputado, centrarse en jóvenes que cometen faltas menores, como consumir alcohol en la vía pública, resulta contraproducente. Manouchehri advirtió que sancionar a estos ciudadanos quitándoles beneficios como la gratuidad o la PGU —postergando su acceso a pensiones por décadas— no aborda el problema de fondo de la delincuencia. Según el legislador, estas acciones son solo “chayas” que no ayudan a mejorar la seguridad del país.
El diputado concluyó que las medidas anunciadas por el Ejecutivo durante la Cuenta Pública no representan una solución efectiva, ya que, a su criterio, no logran “mover la aguja” en el combate real contra la criminalidad. Por ahora, el proyecto del gobierno se mantiene como una de las banderas de gestión de Kast, mientras la oposición insiste en elevar los estándares de fiscalización hacia los sectores económicos más influyentes del país.
