En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comenzó el juicio contra ocho integrantes de la organización radical Weichán Auka Mapu (WAM), quienes enfrentan acusaciones por su participación en el homicidio del comunero Manuel Huenupil Antileo. El crimen ocurrió el 5 de mayo de 2022 en el sector Cruce la Suerte, comuna de Carahue, región de La Araucanía.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos se desencadenaron por disputas territoriales asociadas a un predio forestal. La víctima, quien se desplazaba en un vehículo junto a sus dos hijos, fue abordada por sujetos armados que dispararon en reiteradas ocasiones contra el automóvil, impactando un proyectil en la espalda de Huenupil Antileo, causándole la muerte en el lugar.
Detalles de la causa y expectativas judiciales
El fiscal Felipe González informó que el proceso judicial está programado para extenderse durante 28 jornadas. El objetivo de la Fiscalía es acreditar la responsabilidad de los ocho imputados en los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones, solicitando penas que oscilan entre los 4 y 15 años de presidio.
Por su parte, la defensa representada por el abogado Rodrigo Román, manifestó una postura radicalmente opuesta durante los alegatos iniciales.
La verdad que en mi corta incursión en esta jurisdicción, casi 15 años, es primera vez que me corresponda actuar en un juicio que, con todas sus letras y con toda propiedad, podemos decir que vamos a solicitar la declaración de inocencia de nuestro representado.
Román añadió que, a su juicio, el ente persecutor carece de pruebas concretas sobre la participación de su representado en el homicidio y en los delitos vinculados a la Ley de Control de Armas y Explosivos.
Medidas de seguridad y desarrollo del proceso
El tribunal, integrado por los jueces Jorge González, Patricia Abollafo y Roberto Herrera, ha implementado estrictas medidas de seguridad. Esto responde a la simultaneidad de juicios de alta complejidad en el recinto, incluyendo un proceso paralelo contra cinco personas vinculadas a la CAM por delitos de incendio.
El acceso al edificio está siendo controlado por personal especializado de Gendarmería, exigiendo a cada asistente su cédula de identidad, mientras que en los perímetros externos se mantiene vigilancia constante por parte de Carabineros. Tras los alegatos de apertura del Ministerio Público y el abogado querellante del Gobierno el pasado lunes, se decretó un receso para retomar las sesiones este martes, dando inicio formal al desfile de pruebas que determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados.
