Medidas para el control migratorio
Durante la Cuenta Pública 2026, el Presidente José Antonio Kast presentó formalmente el Plan de Retorno, una estrategia gubernamental diseñada para incentivar la salida voluntaria de inmigrantes que residen de manera irregular en Chile. El mandatario fue enfático al señalar que aquellos que ingresaron al país por pasos no habilitados deberán abandonar el territorio nacional.
Kast argumentó que la frontera norte ha permanecido desprotegida durante años, facilitando no solo la inmigración ilegal, sino también el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado. Bajo esta premisa, el Ejecutivo busca que la salida voluntaria sea una vía expedita, añadiendo que quienes opten por esta medida podrán, posteriormente, postular nuevamente a un ingreso legal a nuestra nación.
Balance de la gestión fronteriza
El Presidente realizó un balance de las acciones implementadas desde el 11 de marzo, destacando el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona norte. Según lo expuesto, la estrategia incluye una coordinación permanente entre el personal militar y las policías, además de la implementación de vigilancia y la construcción de zanjas en los pasos clandestinos identificados.
«Los que entraron por la ventana, de manera ilegal, irregular y clandestina más pronto que tarde, van a estar fuera de nuestro país», afirmó el mandatario.
Respecto a la operatividad del plan, el jefe de Estado reconoció que el proceso está en etapas iniciales. Pese a las críticas sobre el número de aviones utilizados para las expulsiones, el Presidente defendió los resultados actuales asegurando que se ha registrado un aumento tanto en las salidas voluntarias como en las expulsiones forzosas, reiterando su compromiso de intensificar estas acciones en el corto plazo.
Lucha contra el crimen organizado
Como parte de su hoja de ruta, el gobierno también oficializó la creación de siete Fuerzas de Tarea especializadas para combatir diversos delitos en el país. Esta estructura busca complementar el control de fronteras con una persecución más efectiva del crimen, consolidando lo que el gobierno ha denominado como una política de mano firme en materia de seguridad pública.
