La reciente ola de violencia que afecta a diversos recintos educacionales en el centro de Santiago ha instalado con urgencia en la agenda legislativa el avance del proyecto de Ley de Escuelas Protegidas. Esta iniciativa, que busca instaurar protocolos de seguridad y respeto para erradicar las agresiones y la tenencia de objetos peligrosos, se encuentra en su tercer trámite constitucional y promete ser un foco de debate intenso en el parlamento.
Los hechos recientes que motivan esta discusión incluyen el uso de bombas molotov en el Instituto Nacional y el ataque sufrido por la diputada Javiera Ramírez en dependencias de la Universidad de Chile. Estos eventos han gatillado posturas dispares entre los distintos sectores políticos sobre la forma en que el Estado debe enfrentar el conflicto educativo.
Visiones contrapuestas sobre la seguridad y la salud mental
El diputado y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla (UDI), ha sido enfático en responsabilizar al gobierno del expresidente Gabriel Boric, señalando que se permitió actuar con total impunidad a los manifestantes. Según Bobadilla, el proyecto presentado por el Ejecutivo busca enviar una señal clara de que “la violencia no tendrá espacio en ningún lado”, extendiendo esta premisa tanto a colegios como a universidades.
En la misma línea, la diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, subrayó que la seguridad es una variable innegociable dentro del sistema educativo. Al respecto, Charpentier fue tajante al declarar:
Sin seguridad, no hay proceso formativo posible. Es una condición fundamental para que los estudiantes puedan desarrollarse en sus recintos.
Por otro lado, el diputado independiente vinculado al PPD, Jaime Araya, si bien valoró que la norma avance, puso un matiz crítico sobre la gestión del Gobierno actual. Araya reprochó la falta de un enfoque integral que considere la evidente crisis de salud mental que atraviesa el alumnado, sugiriendo que la solución no debe pasar únicamente por medidas punitivas o de control.
¿Qué pasará con la Ley de Escuelas Protegidas?
El destino del proyecto se definirá este próximo martes 2 de junio en la Cámara de Diputados. En dicha jornada se realizará una votación decisiva que determinará el futuro de la norma. Si el articulado obtiene el respaldo necesario, será promulgado como ley; en caso contrario, el proyecto deberá ser derivado a una comisión mixta para resolver las discrepancias. La pregunta que queda abierta es si la nueva legislación será suficiente para frenar la violencia estudiantil o si se requerirán políticas públicas adicionales en salud mental.
