Bajo la premisa de que “el futuro no espera”, el gobierno de Javier Milei anunció a través de la red social X la implementación de un Gemelo Digital Social. Esta herramienta de inteligencia artificial busca utilizar datos masivos para simular escenarios y diseñar políticas públicas. Según fuentes oficiales, el sistema procesaría información educativa, laboral, social y territorial para modelar la trayectoria de los ciudadanos desde la infancia hasta su autonomía económica.
El concepto de gemelo digital, que tuvo su origen en la NASA durante la década del 60 para simular naves espaciales, se ha trasladado tradicionalmente a la industria para optimizar redes eléctricas o fábricas. Sin embargo, el especialista en derecho y tecnología Javier Pallero advierte sobre la particularidad de esta iniciativa: “Lo novedoso que propone el Gobierno argentino es aplicar esta lógica al comportamiento de las personas”.
Etapas y dudas sobre la ejecución
El Ministerio detalló un cronograma de cuatro etapas: un diagnóstico interno con mapeo de datos, mesas de trabajo con actores públicos y privados, la creación de una arquitectura tecnológica y un debate sobre ética algorítmica. No obstante, Javier Pallero señala importantes vacíos de información: “No se especificaron las bases de datos que alimentarán el modelo, no hay fechas ni presupuesto definidos, no se menciona consentimiento informado ni anonimización”.
Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de anuncio de intenciones sin una empresa proveedora elegida. Esta indefinición mantiene abierta la discusión pública sobre la viabilidad y los métodos de esta tecnología.
La sombra de Palantir y los riesgos éticos
El anuncio coincide con la visita del tecnomagnate Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, quien se ha reunido con el presidente Milei y ha adquirido propiedades en Buenos Aires. Si bien no hay una confirmación oficial, Pallero observa que el lenguaje del anuncio es “casi calcado del catálogo de Palantir”, firma vinculada al procesamiento de datos militares y migratorios en Estados Unidos.
La tecnología no distingue entre llegar antes con una pensión y llegar antes con una deportación. Los riesgos para derechos son enormes y variados: scoring social, sesgos que se disfrazan de objetividad técnica, decisiones automáticas sobre prestaciones y un problema serio de soberanía.
Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, subraya que este tipo de sistemas puede inferir vulnerabilidades sociales para determinar operativos, replicando modelos utilizados por Palantir en el extranjero. Los críticos subrayan que Argentina opera bajo una ley de protección de datos del año 2000, considerada insuficiente para supervisar algoritmos complejos.
Ante la falta de garantías sobre cómo se evitará el scoring social o la discriminación algorítmica, la oposición ha presentado pedidos de informes en el Congreso. La pregunta que queda en el aire, ante un contexto de ajuste fiscal, es si el Estado utilizará esta capacidad de anticipación para fortalecer la ayuda social o para justificar recortes en prestaciones, mientras la sociedad civil exige transparencia inmediata sobre los contratos y el origen de los datos.
