Una emergencia sanitaria se registró al interior del Cesfam Lebu Norte, donde 14 funcionarios resultaron afectados por un cuadro de intoxicación alimentaria. El brote de esta enfermedad transmitida por alimentos se originó tras el consumo de completos preparados con mayonesa casera, los cuales habrían sido elaborados en un domicilio particular carente de autorización sanitaria para tales fines.
La situación, que impactó en la operatividad del recinto, fue objeto de una visita técnica por parte de la Seremi de Salud. Tras la inspección, Francisco Rifo, delegado provincial de la autoridad sanitaria, confirmó la apertura de tres sumarios administrativos que podrían derivar en multas tanto para el particular responsable de la venta como para la Municipalidad de Lebu.
Detalles de los sumarios y sanciones
El primer y segundo sumario fueron cursados por incumplimiento directo del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Esto incluye la prohibición inmediata de la elaboración y expendio de productos de procedencia desconocida, sumado a las deficiencias detectadas en una cafetería que operaba dentro del establecimiento sin contar con los permisos correspondientes.
El tercer sumario, en tanto, responde a una falta grave en los protocolos internos. Según la autoridad, se constató un incumplimiento de las medidas de control establecidas en el Decreto Supremo N°7, que regula la notificación obligatoria de enfermedades transmisibles. Este punto es clave para la investigación, ya que busca esclarecer por qué los protocolos de seguridad alimentaria fueron vulnerados al interior de un centro de salud.
Respuesta municipal y medidas correctivas
Frente a las críticas y la gravedad del suceso, la alcaldesa Marcela Tiznado salió al paso señalando que el municipio se encuentra colaborando estrechamente con la autoridad sanitaria para esclarecer los hechos. La autoridad comunal descartó que existan riesgos para los pacientes o usuarios que acuden diariamente a recibir atención médica al recinto.
La alcaldesa de Lebu instruyó la implementación de medidas correctivas y el refuerzo de protocolos clínicos, asegurando que se están tomando las acciones necesarias para garantizar que una situación de esta naturaleza no vuelva a ocurrir en el futuro.
Actualmente, el caso se mantiene bajo investigación de la Seremi de Salud. Mientras se procesan las sanciones administrativas, queda abierta la interrogante sobre cómo se fiscalizarán los servicios de alimentación dentro de recintos dependientes de la administración municipal para evitar nuevos brotes que comprometan la salud de los trabajadores públicos.
