El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago confirmó este sábado la admisibilidad de la querella por homicidio frustrado interpuesta por la Municipalidad de Santiago. La acción legal surge a raíz del violento ataque sufrido por un periodista de Radio Bío Bío el pasado jueves 28 de mayo, mientras cubría incidentes en los alrededores del Instituto Nacional.
Según se detalla en el escrito judicial, la instrucción fue emanada directamente por el alcalde Mario Desbordes el mismo día de los hechos. La Municipalidad busca determinar responsabilidades penales no solo por el intento de homicidio, sino también por desórdenes públicos, porte ilegal de combustible, fabricación de bombas molotov y otros delitos que pusieron en peligro a peatones, estudiantes, carabineros y equipos de prensa.
La postura del alcalde ante el ataque
Tras conocerse la resolución, el jefe comunal reafirmó su compromiso con la persecución de los autores de estos actos violentos. Desbordes fue enfático al criticar la administración de los recintos educacionales por parte del SLEP:
“La querella ha sido declarada admisible. Vamos a seguir persiguiendo a estos delincuentes con toda la fuerza del mundo, pese a la inacción y al retroceso que ha significado que estén los establecimientos al mando del SLEP”.
El alcalde argumentó la gravedad de la acusación de homicidio frustrado bajo el riesgo inminente que corrió el profesional de la comunicación durante la jornada. “El delincuente que lanzó esta molotov pudo haber quemado a un carabinero o a un transeúnte. Eligió intentar quemar a un periodista que solamente estaba realizando su labor de informar. Si la molotov lo alcanzaba, le habría producido lesiones muy graves, y por lo tanto hemos presentado una querella criminal por homicidio frustrado”, puntualizó.
Próximos pasos legales
Con la admisibilidad ya zanjada por el tribunal, el expediente será derivado ahora al Ministerio Público. El organismo persecutor deberá proceder con la asignación de una Fiscalía específica, la cual coordinará el desarrollo de las diligencias investigativas necesarias para identificar, capturar y formalizar a los responsables de los graves desórdenes que alteraron el funcionamiento del sector céntrico de la capital. Se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados en terreno sean claves para el avance de la causa.
