Un reciente fallo de la Corte Suprema marcó un precedente clave para el empleo público en Chile al establecer nuevas restricciones para aplicar el principio de confianza legítima. El máximo tribunal determinó que los trabajadores del Estado que mantienen antecedentes disciplinarios o sumarios pendientes no podrán recurrir a este criterio para asegurar la continuidad de sus funciones cuando termine su contrato.
La resolución judicial nace tras un recurso de protección presentado por funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales. Los empleados afectados, quienes desempeñaban funciones desde hace más de una década, fueron desvinculados tras ser objeto de una investigación penal, aun cuando no existía una condena firme en su contra. La justicia falló en su contra al considerar que los antecedentes administrativos son un impedimento insalvable para mantener la expectativa de permanencia.
Nuevos criterios en la administración pública
Históricamente, la confianza legítima ha servido como un mecanismo de protección para trabajadores estatales a contrata, especialmente para aquellos que acumulaban años de renovaciones sucesivas. Bajo este esquema, el Estado quedaba impedido de finalizar el vínculo laboral sin exponer una justificación legal robusta y suficiente.
El docente de derecho administrativo de la Universidad de Chile, Julio Palavaccini, advirtió que esta sentencia se suma a otra línea jurisprudencial reciente donde la Corte Suprema ya había validado la no renovación de cargos por la falta de disponibilidad de recursos presupuestarios en los servicios públicos. Ambos fallos refuerzan la tesis de que los cargos a contrata poseen un carácter inherentemente temporal dentro de la estructura estatal.
¿Cambia la forma de desvincular funcionarios?
Pese a la dureza del fallo, existen voces expertas que llaman a la calma respecto a una posible ola de despidos masivos. La abogada especialista en derecho público, Karina Kiekebusch, puntualizó que la medida no busca facilitar la salida de empleados, sino acotar estrictamente los requisitos para alegar el principio de protección.
Lo que hace en este caso la Corte Suprema no es facilitar la desvinculación sino precisar los requisitos para aplicar el principio de confianza legítima. Además del transcurso del plazo del tiempo, agrega que el funcionario no registre sanciones administrativas.
Actualmente, los servicios públicos deben revisar con mayor cautela el historial administrativo de su personal antes de proceder a renovar vínculos contractuales. La proyección para los próximos meses indica que el control de la Corte Suprema sobre la gestión de recursos humanos en el Estado será más riguroso, obligando a los jefes de servicio a documentar exhaustivamente cualquier antecedente disciplinario para evitar litigios futuros.
