Un importante revés judicial sufrió el presidente Donald Trump este viernes, luego de que un juez federal dictaminara que el mandatario no tiene facultades para renombrar el Centro Kennedy en Washington. El magistrado Casey Cooper estableció un plazo perentorio de dos semanas para que el apellido del jefe de Estado sea retirado de la fachada del recinto, principal teatro de artes escénicas de la capital estadounidense.
La resolución judicial sobre la identidad del recinto
El conflicto legal se originó por la decisión unilateral de la actual directiva del centro, compuesta por afines al Partido Republicano, de modificar la nomenclatura histórica del lugar. Según la sentencia de 94 páginas emitida por el juez Cooper —magistrado nombrado durante el gobierno de Barack Obama—, la ley fundacional de la institución es tajante al respecto.
El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo.
El magistrado subrayó que el edificio debe mantener el homenaje al presidente John F. Kennedy, quien fue asesinado en 1963. La sentencia argumenta que la medida adoptada por la directiva actual carece de sustento legal y contraviene el mandato legislativo original que protege la identidad del teatro.
Bloqueo a las reformas y crisis administrativa
Además de la orden de retirar el letrero, la justicia frenó la intención de la Casa Blanca de cerrar el edificio durante un periodo de dos años para llevar a cabo renovaciones. El plan inicial, que estipulaba el inicio de obras para el próximo 4 de julio, fue desestimado por el tribunal ante el riesgo de desmantelar la institución en medio de una profunda crisis de gestión.
La controversia se ha intensificado desde febrero de 2025, cuando, tras el retorno de Trump a la presidencia, se procedió a la destitución de los directivos históricos. Este cambio de mando provocó un boicot generalizado de artistas y una caída sostenida en la venta de entradas, derivando incluso en la cancelación de la principal actuación de la pasada Nochevieja.
Actualmente, el futuro del centro queda en una zona de incertidumbre. Aunque la justicia ha frenado la intervención física y el cambio de nombre, la tensión entre los artistas, la administración republicana y el poder judicial sigue abierta, dejando en vilo si la directiva apelará la contundente resolución de 94 páginas del juez Cooper.
