El INDH ante las agresiones a Carabineros y uniformados
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, aclaró la postura del organismo respecto a los ataques que sufren los funcionarios policiales. En una entrevista concedida a Radio Bío-Bío, Ljubetic enfatizó que «a nosotros sí nos preocupa el tema de los derechos humanos de los uniformados, de la policía en general, y tenemos una actividad importante en esta materia».
Sobre la calificación jurídica de estos hechos, el exministro de Ricardo Lagos detalló que son considerados delitos comunes. Según sostuvo, deben ser abordados por el sistema judicial ordinario: «Es un delito común que tiene que ser perseguido con cuanto delito común por las fiscalías y juzgado por los tribunales», explicó, aclarando que el INDH no cuenta con facultades para intervenir directamente en esos casos específicos.
Seguridad y marco de respeto institucional
Ljubetic profundizó en la relación entre el orden público y la normativa internacional. Aseguró que la seguridad es un pilar esencial para ejercer libertades fundamentales, por lo que el INDH siempre buscará que las políticas de seguridad sean eficientes, siempre que se ejecuten dentro de un «marco de respeto a los derechos humanos».
Esta postura busca equilibrar la función de las fuerzas de orden con la protección de garantías individuales, un tema que ha sido central en la agenda del organismo desde hace años.
El balance sobre el estallido social
El director del INDH no evitó referirse a los eventos del año 2019. Recordó que, en su informe anual de aquel periodo, el consejo de la institución —bajo otra administración— concluyó por unanimidad que el actuar estatal frente al estallido social configuró «la más grave crisis de DD.HH. desde el término de la dictadura».
En este sentido, Ljubetic mostró preocupación por la falta de sentencias definitivas en varias querellas presentadas. El timonel del organismo subrayó que, tras una crisis de esta magnitud, es imperativo el «establecimiento claro de responsabilidades personales e institucionales». Su objetivo final, según enfatizó, no es solo hacer justicia, sino garantizar que eventos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir en el país.
