La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, prepara una ofensiva legislativa para combatir la proliferación de rucos en la vía pública. La jefa comunal presentará una propuesta para crear el delito de “instalación reiterada”, una medida que busca entregarle al Estado nuevas herramientas legales ante el impacto negativo de las ocupaciones irregulares en la salubridad y seguridad de los barrios.
Según un documento al que tuvo acceso BioBioChile, la estrategia municipal se basa en un sistema de tres etapas donde la sanción penal sería el recurso final. El plan contempla primero el retiro de la instalación por parte del municipio, una oferta formal de programas sociales y el ingreso al denominado “Registro de Incivilidades”. La segunda etapa consiste en una conducción administrativa especial de Carabineros por un máximo de doce horas, con participación de equipos de salud y organismos sociales.
Finalmente, la tercera fase propone la creación de un nuevo artículo, el 458 ter, en el Código Penal. Esta sanción solo sería aplicable cuando exista una oferta social previa debidamente documentada. Al respecto, Bown fue enfática en señalar que su objetivo no es “criminalizar la pobreza”, sino equilibrar los derechos de quienes están en situación de calle con el derecho de los vecinos a transitar por espacios seguros.
Cifras detrás de la propuesta
El proyecto surge tras un incremento drástico en la instalación de rucos. Entre enero y abril de 2026, los asentamientos retirados en la comuna escalaron de 255 a 682, lo que equivale a un alza del 167%. En paralelo, los reclamos vecinales asociados a esta problemática pasaron de 145 a 575, representando un aumento del 300%.
“Esta propuesta busca combinar asistencia social, intervención institucional y responsabilidad jurídica en casos reiterados. El problema se repite indefinidamente porque el Estado no cuenta con las herramientas adecuadas para enfrentar este fenómeno”, declaró la jefa comunal.
El escenario comunal se enmarca en una crisis nacional. De acuerdo al Censo 2024 del INE, Chile contabiliza 21.750 personas en situación de calle, cifra que se ha duplicado en los últimos siete años según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La problemática, además, ha sido vinculada a la acumulación de basura, consumo de alcohol y drogas, actos de microtráfico y uso de armas hechizas.
Por ahora, el municipio trabaja en la redacción final de la normativa y coordina apoyos en el Congreso Nacional. Además, la alcaldesa solicitará al Ejecutivo fortalecer el subsistema de “Seguridad y Oportunidades”, los alojamientos de emergencia y la red de salud mental. ¿Será este nuevo tipo penal la solución definitiva para regular el uso de espacios públicos ante el aumento de este fenómeno?
