Una arremetida en contra del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, concretaron este viernes los diputados Juan Santana (Partido Socialista) y Luis Cuello (Partido Comunista). Ambos parlamentarios acudieron hasta la sede de la Contraloría General de la República para presentar un requerimiento formal, argumentando un supuesto conflicto de interés vinculado a la tramitación de la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.
¿En qué se basa la denuncia? Según explicaron los legisladores, el secretario de Estado habría omitido en su declaración de patrimonio e intereses la participación accionaria de su hermano, Víctor Quiroz, en una firma del sector inmobiliario y de la construcción. Esta omisión resulta crítica para los diputados, dado que el rubro constructor podría obtener beneficios directos a partir de diversas medidas contempladas en el proyecto de ley que actualmente lidera el titular de Hacienda.
Cuestionamientos a la probidad del Ministro
Durante la presentación del escrito, el diputado Juan Santana fue enfático al señalar que el jefe de la billetera fiscal “no reconoció este vínculo en su declaración de patrimonio”, lo cual, a su juicio, constituye un incumplimiento directo al “principio de probidad” que rige a las autoridades públicas. Ante este escenario, los congresistas solicitaron formalmente a la Contraloría que determine si existió una falta a las normas de transparencia al no informar este vínculo familiar de manera oportuna.
Además, la solicitud pide evaluar la inhabilitación del ministro en el proceso legislativo. Al respecto, el diputado Luis Cuello argumentó que, conforme a la normativa vigente, Jorge Quiroz “debería abstenerse de seguir liderando el proyecto mientras se esclarecen los antecedentes”, buscando así despejar cualquier sombra de duda sobre el diseño de la reforma.
La postura del Gobierno y el futuro del caso
Desde La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, restó gravedad a la acusación. Si bien reconoció que los parlamentarios están en su derecho de fiscalizar, el secretario de Estado salió en defensa de su par: “No tengo dudas de que esto ya está consignado en la declaración”, afirmó. Asimismo, Alvarado descartó cualquier irregularidad y criticó el tono del requerimiento, lamentando que “se busquen posibles vínculos solo por suspicacias”.
Por ahora, el caso se encuentra en manos de la Contraloría General de la República, organismo que deberá analizar los antecedentes técnicos presentados. ¿Logrará el informe del ente contralor despejar el camino de la reforma o se convertirá en un nuevo escollo para la agenda económica del Gobierno? El resultado de este peritaje administrativo será clave para definir la continuidad de Quiroz al frente de esta tramitación.
