La agenda judicial de dos de los exalcaldes más mediáticos del país sufrió cambios importantes este 28 de mayo. Los tribunales de garantía de Santiago ajustaron los plazos para las audiencias de preparación de juicio oral de Daniel Jadue, exjefe comunal de Recoleta, y de Cathy Barriga, exedil de Maipú, quienes enfrentan investigaciones por presuntos delitos de corrupción.
El nuevo escenario judicial para Daniel Jadue
En el marco del denominado caso Farmacias Populares, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago oficializó una modificación clave. La audiencia de preparación de juicio oral que estaba agendada para el próximo 9 de junio fue trasladada para el 24 de agosto. Esta instancia es crucial, ya que también se debe abordar la revisión de las medidas cautelares que afectan al exalcalde.
Debido a este movimiento en el calendario, el tribunal capitalino solicitó a la Defensoría Penal Pública que informe prontamente si tiene la intención de solicitar una ampliación de dicho encuentro o si gestionará una fecha distinta para asegurar el avance del proceso.
Cathy Barriga y la solicitud de cambio de fecha
Por otro lado, la situación de Cathy Barriga también presenta novedades. Su defensa, representada por la Defensoría Penal Pública, ingresó una solicitud ante el tribunal para fijar una audiencia donde se debata la modificación de la fecha original, que estaba programada para este 3 de junio.
Las penas que arriesgan los exalcaldes
El horizonte judicial para ambos exfuncionarios es complejo. En el caso de Cathy Barriga, la Fiscalía Oriente ha solicitado penas que totalizan más de 23 años de cárcel. Los cargos incluyen delitos como fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Incluso, el Consejo de Defensa del Estado ha elevado la apuesta, pidiendo condenas de hasta 37 años de cárcel debido a un perjuicio fiscal estimado en más de $32 mil millones.
En tanto, Daniel Jadue enfrenta acusaciones por delitos reiterados de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal, enfrentando penas que, en su suma, superan los 18 años de cárcel. Con estos ajustes de calendario, la expectación se centra en cómo avanzarán las defensas para intentar mitigar las altas penas solicitadas por el Ministerio Público.
