Investigación por uso de subsidios habitacionales
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó que el Gobierno ha iniciado una investigación formal tras detectarse posibles irregularidades en la adjudicación de un subsidio habitacional por parte de Susan Chicuy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme. El secretario de Estado fue tajante al señalar que no permitirán que este tipo de situaciones sean ocultadas, independientemente del cargo político de los involucrados.
La denuncia fue presentada directamente por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Magallanes ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El foco de la investigación reside en que, a pesar de haber recibido el beneficio destinado a familias vulnerables, Chicuy es socia en tres empresas distintas. Según antecedentes publicados por Emol, una de estas sociedades recibió transferencias superiores a los $400 millones durante 2022, provenientes tanto de la Tesorería General de la República como del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).
Falta de transparencia en el Registro Social de Hogares
Un punto crítico que indaga el Serviu es la omisión del diputado Riquelme en el Registro Social de Hogares de su pareja. Esta omisión habría permitido que la calificación socioeconómica de la beneficiaria fuera artificialmente más baja, facilitando el acceso al subsidio habitacional. Ante esto, Poduje comentó en conversación con Radio Pauta que conversó directamente con el seremi y los funcionarios que realizaron la fiscalización.
«La ciudad de Punta Arenas no es tan grande, este era un tema que se sabía y tiene que investigarse», sostuvo el titular de Vivienda. El ministro enfatizó que recibió reportes de que efectivamente existen antecedentes suficientes para proceder, asegurando que su gestión no encubrirá a nadie, sea cual sea su filiación política: «En ningún caso esto lo vamos a tapar porque la persona sea diputado de A, B o C. Se va a investigar y se está investigando».
Prioridad en la agenda habitacional
El secretario de Estado calificó este tema como una prioridad nacional, revelando una cifra alarmante sobre los controles que está ejecutando su cartera. Según sus palabras, actualmente está revisando cerca de 3.000 casos de personas que habrían defraudado el sistema, afectando directamente a las familias más humildes del país. Poduje subrayó que, ante cualquier denuncia, la instrucción es actuar de inmediato.
Finalmente, la autoridad señaló que será el diputado Riquelme quien deba explicar su versión de los hechos, mientras que el servicio presentará sus antecedentes ante la justicia. Será finalmente el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades penales y administrativas en este caso que ha generado gran controversia en la Región de Magallanes.
