El ministro secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, respaldó públicamente al titular de Hacienda, Ignacio Quiroz, tras la polémica surgida por su Declaración de Patrimonio e Intereses (DPI). Según el vocero, el secretario de Estado habría transparentado su vínculo familiar con un hermano ligado a una firma inmobiliaria, entidad que podría resultar beneficiada por la Ley de Reconstrucción Nacional.
No obstante, la realidad de los documentos contradice al portavoz. Una revisión detallada del archivo oficial disponible en el portal InfoProbidad confirma que dicho parentesco no aparece consignado. Tampoco existe mención alguna sobre la participación de sus familiares en la sociedad objeto de la controversia.
La defensa del Gobierno ante la presión opositora
El conflicto escaló luego de que un reportaje de El Mostrador revelara la omisión en el documento del jefe de las finanzas públicas. Esta situación movilizó a parlamentarios del Partido Socialista y del Partido Comunista, quienes acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar que se investigue un eventual conflicto de interés.
Pese a las evidencias en el portal público, Claudio Alvarado insistió en la inocencia de su par:
“En la declaración de patrimonio de intereses, uno debe explicitar el vínculo de familiares directos; la relación, por lo tanto, no tengo duda de que eso está ahí señalado”.
El ministro vocero desestimó las acusaciones, calificándolas de simples “suspicacias” por parte de la oposición. Además, intentó restar gravedad al asunto al señalar que “uno a la familia no puede prohibirle las actividades profesionales que desarrollan”, descartando que la actividad privada del círculo íntimo constituya una incompatibilidad automática con el cargo.
Impacto en la Ley de Reconstrucción Nacional
El blindaje del Ejecutivo ocurre en un momento crítico para la gestión del ministro Quiroz. La Ley de Reconstrucción Nacional, proyecto clave de la administración del presidente José Antonio Kast, contempla incentivos tributarios millonarios destinados precisamente al sector donde opera el hermano de la autoridad. La falta de transparencia en la declaración del ministro siembra dudas sobre posibles conflictos de interés en un área estratégica.
Actualmente, el caso se encuentra en manos de la Contraloría General de la República. Será el órgano contralor el encargado de determinar si el titular de Hacienda infringió las normas de transparencia activa y si su omisión merece algún tipo de sanción administrativa o política.
