El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) oficializó la designación de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Esta medida entrará en vigencia a partir del 5 de junio de 2026, marcando un giro significativo en la política de seguridad regional impulsado por el Departamento de Estado estadounidense.
¿Por qué EEUU tomó esta decisión contra bandas brasileñas?
El Departamento de Estado justificó esta determinación señalando a ambas bandas como los grupos criminales más grandes del país suramericano. Según los informes oficiales, estas organizaciones son las responsables de “orquestar ataques brutales contra agentes policiales, funcionarios y civiles” en Brasil.
La formalización de esta medida ocurrió poco después de que el senador y candidato presidencial conservador Flávio Bolsonaro mantuviera un encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump el pasado martes. En la instancia, Bolsonaro solicitó explícitamente catalogar a estas agrupaciones como “narcoterroristas”, argumentando que cumplen con los criterios necesarios para dicha designación legal.
Impacto político y operativo de la medida
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien compite actualmente en la contienda electoral de octubre, ha centrado su campaña en una postura de mano dura contra estas pandillas que operan desde la década de 1970 y que han logrado consolidar un control hegemónico dentro del sistema carcelario brasileño. En contraparte, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha mostrado frontalmente contrario a esta clasificación, advirtiendo que podría ser utilizada como una justificación para una futura intervención militar estadounidense en territorio brasileño.
Las cifras de los grupos son alarmantes: el Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) suman decenas de miles de miembros activos, sumando tanto a integrantes directos como a vastas redes de apoyo logístico. Estados Unidos ya ha implementado estrategias similares contra otros actores criminales transnacionales, incluyendo a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como a la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Tren de Aragua, bajo distintas categorías de terrorismo y sanciones financieras.
El objetivo de estas restricciones es bloquear de forma tajante las redes de financiamiento, limitar la movilidad internacional de los cabecillas y ejercer una presión asfixiante sobre sus estructuras operativas. Queda por ver cómo se adaptarán estas organizaciones ante el cerco internacional y si esta designación provocará un cambio real en la dinámica de seguridad interna de Brasil tras la entrada en vigor de la normativa en 2026.
