El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se prepara para un hito clave en su gestión: su próxima presentación ante el Senado, programada para el 2 de junio. En esta instancia, la autoridad entregará detalles sobre el esperado plan carcelario y las medidas estratégicas que marcarán la hoja de ruta de su cartera en los próximos meses.
De acuerdo con antecedentes recabados, el eje principal del plan apunta a una alta segregación del crimen organizado mediante la creación de plazas exclusivas. El Ejecutivo busca avanzar con mayor determinación en la segmentación de la población penal, especialmente dirigida hacia aquellos internos vinculados a organizaciones criminales, delitos violentos o perfiles de mayor compromiso delictual.
La estrategia contra el crimen en las cárceles
La lógica detrás de esta medida responde a la experiencia comparada, que sugiere que los Estados deben fragmentar los liderazgos criminales para desarticular sus canales de operación. El objetivo es cortar los vínculos que permiten a los delincuentes seguir dirigiendo ilícitos desde el interior de los recintos penales, siempre bajo el marco legal, criterios técnicos y coordinación institucional.
Sobre las posibles medidas concretas para este segmento, el Ejecutivo sostiene que Chile debe transitar hacia plazas y módulos de alta y máxima seguridad. Esto incluiría un control efectivo de las comunicaciones y normas mucho más estrictas para quienes representan un riesgo real para la seguridad nacional.
Dentro de este escenario, ha trascendido la posibilidad de establecer el aislamiento de los internos de mayor peligrosidad, lo que implicaría la suspensión de su derecho a visita presencial. Según reportes de El Mostrador, esta medida buscaría habilitar únicamente contactos de tipo telemático. Si bien fuentes consultadas por este medio no confirman la decisión final, tampoco la descartaron al ser consultados sobre la viabilidad de la iniciativa.
Construcción y nueva institucionalidad
Actualmente, el Ministerio de Seguridad trabaja en conjunto con la cartera de Justicia para enfrentar un déficit proyectado de 30 mil plazas penales en el sistema. La propuesta considera la construcción de al menos 20 mil nuevos cupos, estructurados principalmente mediante cárceles concesionadas con una capacidad estimada de 2 mil internos por cada recinto.
Finalmente, existe un trabajo en curso respecto a la nueva institucionalidad que busca traspasar las funciones de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, proceso complejo dado que hoy el servicio depende jerárquicamente de Justicia. La presentación del 2 de junio será, por tanto, el escenario donde el Gobierno clarifique si estas medidas de segregación extrema serán implementadas de inmediato o si formarán parte de un proceso gradual de modernización del sistema penitenciario chileno.
