Investigación en marcha tras denuncia del Serviu
El Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de la región de Magallanes ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La acción legal apunta directamente a Susan Chicuy, pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, por presuntamente haberse adjudicado un subsidio habitacional destinado a familias vulnerables.
De acuerdo con los antecedentes recopilados por el organismo, Chicuy habría accedido a un beneficio del programa Fondo Solidario de Vivienda, el cual está estrictamente reservado para el 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH). El cuestionamiento central radica en que la mujer no habría incorporado al parlamentario en su RSH, logrando así una calificación económica más baja para cumplir con los requisitos del beneficio.
Implicadas y rol del Serviu
La denuncia presentada por el organismo también incluye a Julia López, quien es pareja del exdirector del Serviu regional, Dubalio Pérez, quien dejó su cargo en marzo de 2022. Según se ha informado, tanto la pareja del diputado como la esposa del exdirectivo habrían accedido a estos subsidios mediante la modalidad de reemplazo.
El Serviu de Magallanes confirmó que, por encargo expreso del ministro Iván Poduje, el director subrogante Omar González derivó todos los antecedentes a la Fiscalía. Esta medida se tomó tras una denuncia previa realizada por una de las asociaciones de funcionarios, la cual alertó sobre la omisión deliberada de las parejas en el Registro Social de Hogares para alterar la calificación socioeconómica necesaria para el subsidio.
Fiscalía lidera las diligencias
La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra, confirmó que la entidad persecutora ya se encuentra en posesión de la denuncia interpuesta por el Serviu. La autoridad detalló que el caso se mantiene como una investigación abierta bajo su cargo.
«Nos encontramos realizando diligencias a fin de establecer o descartar la veracidad de los hechos», señaló la persecutora respecto a la indagatoria en curso. Hasta el momento, las autoridades regionales mantienen el seguimiento de los antecedentes entregados tanto a la Fiscalía como al Consejo de Defensa del Estado para determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales del caso.
