El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que el Ejecutivo ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por el caso que vincula a la pareja del diputado republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme. La controversia gira en torno a Susan Chicuy Godoy, madre de los tres hijos del parlamentario, quien se adjudicó un subsidio habitacional perteneciente al Programa Fondo Solidario de Vivienda.
La denuncia fue presentada formalmente el pasado 8 de mayo, luego de que el secretario de Estado instruyera al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) para indagar los hechos. El director subrogante del Serviu en Magallanes, Omar González, señaló que el servicio tomó conocimiento de antecedentes que podrían constituir delitos relacionados con los procesos de asignación de estos beneficios habitacionales.
Detalles sobre el subsidio y la postulación
El programa en cuestión, regido por el D.S. 49, está diseñado para familias que integran el 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Excepcionalmente, permite un 30% de familias pertenecientes hasta el 90% del registro en casos de postulaciones colectivas. Según los registros publicados por La Prensa Austral, la resolución que entregó el subsidio a Chicuy Godoy fue firmada el 7 de julio de 2022.
Al momento de la postulación, el Registro Social de Hogares indicaba que la mujer era soltera, madre de cuatro hijos y vivía junto a su madre. Sin embargo, tres de esos menores son hijos del diputado Alejandro Riquelme. Un dato clave es que, cuando se concretó la entrega del beneficio en diciembre de 2023, Riquelme se desempeñaba como consejero regional, cargo desde el cual votó a favor del cofinanciamiento de estas soluciones habitacionales.
Defensa del parlamentario y vínculos societarios
Tras conocerse la denuncia, el diputado Alejandro Riquelme desestimó las acusaciones asegurando que la información no implica irregularidades, culpabilidad ni responsabilidades. El parlamentario vinculó esta revelación a una estrategia política:
Llama profundamente la atención que este tipo de filtraciones aparezcan precisamente cuando hemos intensificado la fiscalización sobre irregularidades relacionadas con la compra de terrenos y construcción de viviendas en Magallanes.
Además de la relación familiar, existen nexos comerciales: ambos figuran en tres sociedades denominadas Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA, las cuales comparten un domicilio cercano a Plaza Sampaio. Actualmente, la Fiscalía deberá determinar si existen méritos para una investigación penal profunda mientras la oposición y el oficialismo siguen de cerca el avance del caso en la región.
