Bernardo Fontaine, economista y exconvencional constituyente, cumplió esta jornada su primer día como presidente del directorio de Codelco. Su llegada al edificio corporativo de la cuprífera estatal marca el inicio de una gestión en un periodo particularmente complejo, caracterizado por desafíos financieros y operativos de alta magnitud.
Tras su arribo, Fontaine sostuvo una reunión con el presidente ejecutivo de la minera, Rubén Alvarado. El nuevo timonel, designado por el presidente José Antonio Kast para suceder a Máximo Pacheco, no ha ocultado el diagnóstico sobre la situación de la compañía:
Codelco corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla.
Fontaine aludió directamente al elevado endeudamiento de la estatal, el incremento constante de los costos en el sector minero y la preocupante baja en la producción de cobre como los puntos críticos de su agenda. Entre sus objetivos inmediatos destaca el fortalecimiento de la seguridad de los trabajadores, la sostenibilidad integral de la empresa y la profundización de alianzas público-privadas, como las ya consolidadas en el mercado del litio con Nova Andino (SQM) o el trabajo en el distrito Andina-Los Bronces junto a Anglo American.
Desafíos operativos y auditorías pendientes
El nombramiento de Fontaine, junto a los directores Luz Granier Bulnes y Alejandro Canut de Bon, ha generado debate debido a su falta de experiencia directa en el rubro minero. No obstante, desde el Gobierno defienden esta designación argumentando que el equipo posee la capacidad técnica para implementar auditorías externas y retomar el control de la compañía.
La urgencia radica en revertir la caída productiva que afecta a faenas clave como Chuquicamata subterránea, Rajo Inca y la extensión de El Teniente, esta última impactada por el accidente fatal que costó la vida a seis mineros. El incremento en la producción es vital para que la estatal pueda aprovechar los precios actuales del metal y amortiguar su deuda, considerando que competidores privados como Escondida han superado sus niveles de extracción.
La polémica por la producción «inflada»
A los retos productivos se suma una auditoría interna que detectó la incorporación irregular de 27 mil toneladas de material al registro de producción. Este hallazgo derivó en el despido de un ejecutivo y sanciones contra otros profesionales. La medida de mayor fricción ha sido la exigencia de devolución de bonos por cumplimiento de metas a 6.322 trabajadores y ejecutivos.
La restitución de unos US$14,3 millones, cifra que promedia los $2 millones por persona, ha sido tajantemente rechazada por el Sindicato N°1 de Chuquicamata. La organización gremial ha advertido que los trabajadores no devolverán «ni un puto peso», tensionando el ambiente laboral en los primeros días del nuevo presidente del directorio. La gestión de Fontaine estará marcada por su capacidad para zanjar estas controversias mientras intenta recuperar la competitividad de una empresa que, pese a su relevancia global, enfrenta su momento más difícil en años recientes.
