En un intento por responder a la compleja crisis que atraviesa Bolivia, el presidente Rodrigo Paz anunció este lunes una drástica medida: la reducción al 50% de su salario y el de sus ministros. La decisión, calificada por el mandatario como un “esfuerzo y compromiso” con el país, ocurre precisamente cuando se cumplen cuatro semanas de intensos conflictos y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos que exigen su renuncia.
El anuncio fue realizado durante los actos de conmemoración por los 217 años de la gesta libertaria en Sucre, capital constitucional y sede del órgano Judicial boliviano. Hasta antes de esta resolución, el salario del mandatario era de 24.978 bolivianos (equivalentes a 3.617 dólares), cifra que operaba como techo máximo para el sector público. Con el ajuste, la remuneración presidencial descenderá a 12.489 bolivianos (1.808 dólares).
¿Qué busca el gobierno con esta medida económica?
Paz fue enfático al aclarar que este recorte no afectará a otros profesionales ni áreas del servicio público, bajo el argumento de no perjudicar a los trabajadores y asegurar que el talento técnico permanezca en la administración estatal. Esta decisión responde, en parte, a las presiones de diversos sectores movilizados, quienes meses atrás cuestionaron los altos ingresos de la clase política y demandaron un gesto de austeridad frente a la compleja situación económica que afecta al país desde 2023.
Sin embargo, la demanda inicial de austeridad ha quedado en un segundo plano frente a la actual agenda de los manifestantes. Organizaciones como los campesinos del altiplano de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) han radicalizado su postura, centrando su exigencia principal en la salida inmediata del mandatario.
Medidas complementarias y panorama en carreteras
Además del ajuste salarial, el Ejecutivo prepara un proyecto de ley denominado “perdonazo tributario”. Según Paz, la medida no busca beneficiar a los sectores más adinerados, sino auxiliar a comerciantes, transportistas y artesanos, permitiéndoles reactivar sus negocios tras la acumulación de multas registradas desde 2017.
La crisis social mantiene a La Paz aislada desde hace 20 días, situación que se ha extendido a regiones como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Ante el desabastecimiento crítico en La Paz y El Alto, el Gobierno ha implementado “puentes aéreos” con apoyo logístico y donaciones provenientes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú. Por ahora, los intentos de diálogo y la creación de un “corredor humanitario” estratégico han fracasado, dejando al país en un escenario de alta incertidumbre política y social.
