La Corte de Apelaciones de Concepción puso un freno procesal al caso de Puerto Coronel. El tribunal de alzada ratificó la exclusión de la empresa portuaria como querellante en la investigación por delitos económicos, tributarios y de corrupción. Esta decisión se fundamenta en una incompatibilidad legal: la compañía no puede actuar como víctima y, al mismo tiempo, ser imputada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el mismo expediente.
Conflicto de roles en el caso Puerto Coronel
El fallo confirma la resolución previa del Juzgado de Garantía, que suspendió los derechos de la portuaria. Según la justicia, al estar acusada por el delito de soborno —vinculado a pagos al alcalde de la comuna, Boris Chamorro, y al exconcejal Eduardo Araya—, la empresa queda inhabilitada para mantenerse en la parte acusatoria del proceso.
La solicitud para excluir a la compañía fue impulsada por la defensa del alcalde Boris Chamorro, representada por el abogado Waldo Ortega, y por Gastón Barril, abogado del exgerente de administración y finanzas de la firma, Daniel Chamorro. Este último celebró la resolución, detallando el camino judicial seguido:
Los abogados de Puerto (Coronel) interpusieron un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado de Garantía, la que nosotros estimamos que no procedía, y así lo hicimos valer mediante un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Concepción, el que fue acogido y se declaró que la apelación era inadmisible.
Barril añadió que la empresa intentó revertir la situación mediante un recurso de reposición, el cual también fue declarado inadmisible, dejando en firme la suspensión. Es decir, la doble calidad de imputado y querellante quedó definitivamente zanjada por el tribunal.
Antecedentes y el futuro de la investigación
Es importante recordar que el caso se destapó en noviembre de 2023, cuando la actual administración de Puerto Coronel presentó una denuncia por irregularidades. Esto derivó en una serie de allanamientos ejecutados en enero de 2024 tanto en dependencias municipales como en domicilios particulares de los involucrados.
A pesar de esta querella inicial, la situación cambió radicalmente con la intervención del Consejo de Defensa del Estado, que apuntó directamente contra la empresa por soborno, formalizando la causa un año después de las primeras denuncias. Actualmente, el Ministerio Público continúa avanzando en diligencias clave, centrando su atención en el Departamento de Obras Municipales.
Entre los próximos pasos judiciales, destaca el reciente levantamiento del secreto bancario de los directivos y profesionales de dicha repartición municipal, con el fin de esclarecer posibles irregularidades en los permisos de edificación otorgados a la portuaria. La indagatoria sigue abierta y bajo estricta reserva de datos por parte de la Fiscalía.
