El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó dos querellas criminales ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo tras desbaratar un esquema de devoluciones de impuestos fraudulentas que alcanzó un perjuicio fiscal cercano a los $800 millones. La estructura delictiva era operada por un clan familiar encabezado por un asesor tributario, quien reclutó a 153 personas para ejecutar maniobras engañosas durante 2022 y 2023.
¿Cómo operaba el clan familiar para defraudar al SII?
El núcleo de la organización lo conformaba el asesor tributario y su primo, quien actuaba como captador. Según el SII, el primo recibía una comisión de entre $50 mil y $100 mil por cada nuevo reclutado que ingresaba al esquema. El resto de la red estaba integrado por las hermanas del líder, sus hijas y otros parientes, quienes facilitaban sus cuentas bancarias para recibir los pagos ilícitos.
El fraude se basaba en la declaración de dividendos inexistentes. El asesor presentaba declaraciones juradas falsas, asegurando que una sociedad anónima repartía millonarias ganancias, cuando la realidad era que dicha entidad no realizaba repartos desde el año 2020. Este falso incentivo servía como anzuelo para atraer a personas de escasos recursos bajo la promesa de un supuesto “negocio legal” con acciones.
El uso de claves tributarias para el engaño
Los integrantes de la red solicitaban a los reclutados su RUT y clave de acceso al SII, prometiendo gestionar trámites legales. Una vez que el organismo estatal devolvía los dineros a las cuentas de los contribuyentes, los organizadores exigían la transferencia de la mayor parte de esos fondos hacia cuentas bajo su propio control.
El problema era que la sociedad no había distribuido dividendos desde 2020. Los dividendos, por tanto, eran falsos.
El ente fiscalizador detectó que las sociedades intermedias no cumplían con los requisitos legales para presentar declaraciones juradas. Además, un análisis patrimonial de los implicados evidenció compras de acciones y dólares que no tenían relación con sus ingresos reales declarados. Entre los involucrados, se identificaron severas inconsistencias financieras que contradicen cualquier actividad económica lícita.
Sanciones y futuro judicial
Desde el SII subrayaron que la obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos es un delito castigado con penas que van desde el presidio menor en su grado máximo hasta el presidio mayor en su grado medio. Adicionalmente, los culpables arriesgan multas que oscilan entre el 100% y el 400% del monto defraudado.
El Servicio ha solicitado formalmente que se considere como agravante el carácter reiterado de los hechos y el abuso de los conocimientos especializados del asesor tributario. La investigación continúa en curso para determinar si existen más ramificaciones de esta red de estafa tributaria que afectó a más de un centenar de contribuyentes en la zona sur de la Región Metropolitana.
