Denuncia en la Región de Los Lagos
La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas tras confirmar que la compra de terrenos en la frontera por parte de ciudadanos extranjeros ha vulnerado las normativas vigentes. Todo comenzó en abril pasado, cuando un grupo de vecinos de Futaleufú denunció la adquisición de un predio de 448 hectáreas ubicado en el sector del lago Lonconao, en una zona estratégica de seguridad nacional.
Según la ley vigente desde 1977, existen restricciones estrictas para que ciudadanos de países limítrofes compren terrenos en áreas fronterizas de Chile, a menos que cuenten con una autorización presidencial expresa. La denuncia vecinal apuntaba precisamente al incumplimiento de esta disposición legal.
El engaño en la escritura
La investigación encabezada por la contralora Dorothy Pérez reveló una irregularidad grave. Al consultar al Conservador de Bienes Raíces de Futaleufú, se constató que la sociedad Inversiones Rumbo Sur SpA adquirió el terreno mediante compraventa a privados. Esta entidad posee el 50% de la propiedad, mientras que el 50% restante pertenece a Inversiones Talavera Limitada.
El hallazgo más crítico es que el abogado Gustavo Ortiz Ramírez declaró bajo juramento que la sociedad compradora no estaba en manos de ciudadanos argentinos, una afirmación que resultó ser falsa. Ante este escenario, la Contraloría determinó remitir los antecedentes directamente a la Fiscalía para que se investiguen las responsabilidades penales derivadas de esta declaración jurada falsa.
Medidas de control y fronteras
Aunque el dictamen reconoce que los involucrados tienen solo un porcentaje minoritario del terreno, la Contraloría advirtió sobre un eventual riesgo. Existe la posibilidad de que ciudadanos extranjeros de países limítrofes, especialmente aquellos con doble nacionalidad, omitan su origen para evadir la prohibición legal vigente en Chile.
Por ello, el órgano contralor notificó oficialmente a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Bienes Nacionales. También se ofició a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado. El objetivo es claro: que cada institución, dentro de sus respectivas competencias, disponga de los controles necesarios para garantizar el cumplimiento estricto de las normas que protegen la soberanía en nuestras zonas fronterizas.
