Los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) han iniciado una nueva ofensiva legal para frenar los cobros realizados por la Tesorería General de la República (TGR). A través de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, al menos cinco morosos han recurrido al Tribunal Constitucional (TC) buscando una salida ante la presión estatal.
El argumento central, analizado por La Radio, sostiene que el Estado estaría utilizando de manera indebida el procedimiento tributario para recaudar una deuda que, en estricto rigor, no corresponde a un impuesto. Los recurrentes argumentan que el CAE es un crédito de naturaleza civil, por lo cual debería tramitarse mediante un juicio ejecutivo civil común y no bajo la modalidad especial tributaria.
La viabilidad jurídica de los requerimientos
La estrategia ha captado el interés de expertos en la materia. Camila Cárdenas, directora de SoyTrabajo, sugiere que este camino podría tener éxito si el TC analiza los antecedentes caso a caso. Por su parte, el abogado Marcelo Brunet admite que existe una base jurídica real en la tesis planteada, aunque advierte que estos requerimientos no representan una solución definitiva para el universo de morosos.
Este movimiento al Tribunal Constitucional es el más reciente de una serie de intentos legales por parte de los deudores. Anteriormente, 239 recursos presentados en distintas Cortes de Apelaciones del país fueron declarados inadmisibles, lo que en la práctica validó el 74% de las acciones de cobro de la Tesorería.
Intervención de la Contraloría y el debate político
En el ámbito administrativo, la Contraloría, bajo la dirección de Dorothy Pérez, emitió una señal relevante este viernes al frenar el cobro de una deudora que sufrió la retención de sus impuestos destinados a cotizaciones previsionales. Pese a esto, la TGR aclaró que dicha resolución no limita sus facultades generales de cobranza respecto al CAE.
La situación ha generado ruido en el mundo político. El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, valoró la búsqueda de caminos alternativos por parte de los afectados. En la vereda opuesta, el diputado de la UDI, Ricardo Neumann, criticó al gobierno de Gabriel Boric, señalando que la promesa de condonación generó un daño cultural. Según Neumann, el cobro está respaldado por ley y debe seguir su curso.
Mientras las cifras de morosidad en la Tesorería continúan en alza, los deudores siguen explorando alternativas para detener la ejecución. La interrogante ahora es si el TC establecerá un criterio que cambie el panorama actual o si la institucionalidad respaldará definitivamente el sistema de cobranza vigente.
