La cuprífera estatal Codelco enfrenta un nuevo foco de conflicto tras contratar a la consultora global KPMG para investigar denuncias por ascensos irregulares en la división Chuquicamata. La indagatoria, que se originó a raíz de una denuncia presentada en enero de este año, apunta a que diversos dirigentes habrían obtenido promociones arbitrarias con el objetivo de incrementar sus remuneraciones de forma indebida.
Crisis de confianza y desbalance contable
Este nuevo frente administrativo se suma a la crisis provocada por la sobreestimación de 27 mil toneladas de cobre fino, un error que ha generado un fuerte impacto en la gestión de la estatal. Respecto a este desbalance en las cifras de 2025, la compañía ya inició procesos para la devolución de bonos e incentivos que fueron entregados basándose en cálculos erróneos.
El académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Pablo Müller, advirtió que el problema trasciende una simple discrepancia contable. Según el experto, existe un perjuicio fiscal directo que afecta los ingresos que el Estado recibe de la minera, cuestionando la transparencia en la gestión de la estatal.
Investigaciones en curso y reacciones políticas
Las instituciones ya han movilizado sus facultades para esclarecer los hechos. El Ministerio Público ha tomado parte en las investigaciones, mientras que en el Congreso avanza la recolección de firmas para constituir una nueva comisión investigadora. Al respecto, la senadora y presidenta de la Comisión de Minería, Yasna Provoste, calificó lo revelado como una situación grave que exige medidas drásticas del directorio para asegurar estándares mínimos de probidad.
Pese a la magnitud del escándalo, fuentes del sector minero sostienen que este tipo de irregularidades no son ajenas a la industria, aunque admiten que la falta de transparencia en Codelco fue el factor que elevó el caso al nivel de crisis. Por su parte, Enés Zepeda, vocero de CTMIN y presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, señaló que el gremio se siente conforme con las sanciones adoptadas hasta el momento, argumentando que “se están dando las señales” necesarias.
El futuro de la estatal sigue siendo incierto, mientras en el ámbito político persiste la pugna en torno a la posibilidad de que el Ejecutivo avance hacia una privatización parcial. La presión sobre la administración central de Codelco continuará aumentando a medida que el Congreso defina el alcance de sus nuevas atribuciones fiscalizadoras durante este periodo.
