La bancada de diputados de la UDI presentó una solicitud formal ante el presidente José Antonio Kast para pedir la remoción del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. La medida surge luego de que se cuestionaran dos viajes internacionales realizados por el magistrado mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica.
Según la carta, a la cual tuvo acceso BioBioChile, los parlamentarios buscan que el mandatario utilice sus facultades presidenciales para solicitar a la Corte Suprema la expulsión del magistrado. Este requerimiento cobra especial relevancia dado que Urrutia es el juez que actualmente encabeza la causa contra el exdiputado Joaquín Lavín León, quien se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Detalles de los viajes y cuestionamientos
El documento especifica que los viajes que motivaron esta solicitud corresponden a una visita a Costa Rica realizada en enero de 2020 y otra a Ecuador en junio de 2022. Para los diputados, esta situación vulnera gravemente la integridad del Poder Judicial chileno.
Los parlamentarios citan que, aunque la Corte de Apelaciones de Santiago decidió absolver al magistrado anteriormente debido a la prescripción de los hechos, consideran que su actuar sigue siendo cuestionable. Al respecto, el escrito señala:
Como es de público conocimiento, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió absolver al magistrado en razón de que los hechos estarían prescritos. Esto sin perjuicio de que habría incurrido en una conducta reprochable y una falta de prudencia al incumplir el período de reposo obligatorio sin que el profesional firmante de las licencias le hubiera recomendado someterse a tratamientos o procedimientos médicos fuera del territorio nacional.
¿Qué dice la Constitución sobre la remoción de jueces?
Los legisladores argumentan que, a diferencia de otros funcionarios públicos que han enfrentado sumarios e investigaciones penales por casos similares, el juez Urrutia ha gozado de una supuesta “impunidad”. Por ello, fundamentan su petición en el inciso tercero del artículo 80 de la Constitución.
Dicho apartado establece que la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o a solicitud de parte, puede declarar que los jueces no han tenido un “buen comportamiento” y acordar su remoción por mayoría absoluta. La carta concluye solicitando que Kast evalúe formalmente presentar este requerimiento ante el máximo tribunal por haber vulnerado, a su juicio, el deber de mantener un buen comportamiento durante sus funciones.
Por ahora, la solicitud está en manos de la presidencia mientras la opinión pública mantiene el foco sobre el devenir del caso que afecta a Joaquín Lavín León. Queda por ver si el ejecutivo dará curso a esta acción constitucional o si se desestimará el requerimiento planteado por los diputados oficialistas.
