Gendarmería de Chile presentó una querella formal contra un grupo de exfuncionarios acusados de coludirse para facilitar el ingreso de sustancias ilícitas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al complejo penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt. Esta acción legal busca perseguir las responsabilidades por las diversas irregularidades que permitieron la comercialización de artículos ilegales al interior del recinto a cambio de dinero en efectivo o transferencias bancarias.
El modus operandi de la red interna
La investigación, que salió a la luz pública a principios de este año, reveló un esquema de corrupción que involucraba desde cabos hasta suboficiales. La querella identifica específicamente a Edgardo Cerna, Senén Orellana, Nicolás Toro, Diego Casanelli, Francisco Romero, Mario Palma y Hugo Núñez como los exmiembros de la institución implicados en estos hechos.
Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía y respaldados por la investigación interna de Gendarmería, estos funcionarios operaban principalmente en los módulos 41, 42 y 43. La acción judicial detalla que los imputados no solo permitían el paso de prohibiciones, sino que incluso realizaban allanamientos para requisar droga y celulares, para luego vender esos mismos elementos o devolverlos a los internos a cambio de pagos.
Además de la venta de objetos, el grupo habría arrendado o vendido espacios dentro de los patios de los módulos. Esto permitía que algunos reclusos utilizaran aparatos tecnológicos para perpetrar estafas telefónicas y coordinar lanzamientos de paquetes con droga y celulares desde el exterior del penal.
La postura de las autoridades ante el caso
El seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, calificó como extremadamente grave la participación de funcionarios en estas actividades delictivas. No obstante, subrayó que la detección de estas redes fue posible gracias a los sistemas de control interno de la propia institución.
Para nosotros resulta extremadamente grave que funcionarios de Gendarmería estuvieran involucrados en hechos delictuales, pero también hay que destacar que una de las líneas de investigación surgió de las propias investigaciones internas de Gendarmería.
Muñoz enfatizó que, con la futura incorporación de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública durante el segundo semestre, se reforzarán las coordinaciones y los controles para mitigar el tráfico de bienes prohibidos en las cárceles del país.
Estado actual del proceso judicial
La causa, conocida popularmente como Operación Torréon —debido a que la red incluía a dirigentes sindicales—, se mantiene formalizada desde enero pasado. En las instancias judiciales más recientes, los tribunales confirmaron la medida cautelar de prisión preventiva para los exfuncionarios Francisco Romero y Nicolás Toro. Por ahora, el proceso continúa su curso mientras se evalúan las responsabilidades definitivas de todos los involucrados en esta grave vulneración a la seguridad del recinto penal puertomontino.
